Redacción · Representantes de los trabajadores de Tragsa en Castilla-La Mancha y responsables regionales de CCOO-Construcción y Servicios y MCA-UGT se reunieron ayer con el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, para recabar el apoyo del Gobierno regional ante el conflicto laboral que viven por la decisión de su dirección de despedir a los 1.336 trabajadores incluidos en el ERE que presentó en 2013, pero que está ejecutando ahora tras ser inicialmente anulado por la Audiencia Nacional y posteriormente autorizado por el Tribunal Supremo.
De estos despidos, 148 están asignados a trabajadores de CLM, 116 de Tragsa y 32 de Tragsatec. Ya se han ejecutado más de 60 de ellos. El pasado lunes, los delegados sindicales de Tragsa en las cinco provincias de CLM se manifestaron en Toledo para exigir la retirada del ERE y la reincoporación de los trabajadores despedidos.
Mañana, han convocado una asamblea regional de trabajadores que se celebrará a partir de las 09.00 horas en el Centro Social Santa María de Benquerencia de Toledo y después, a partir de las 12.30 horas, volverán a concentrarse ante la delegación del Gobierno en CLM, en la plaza de Zocodover de la capital regional. A nivel estatal, se han convocado dos jornadas de huelga para los días 26 de este mes de enero y 3 de febrero.
En su reunión de ayer con el vicepresidente de CLM, los sindicalistas entregaron a Martínez Guijarro un documento en el que explican la trayectoria y la situación actual del Grupo Tragsa, integrado en la SEPI y de capital exclusivamente público, participado muy mayoritariamente por el Estado pero con participación testimonial de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro ya avanzó el apoyo del Gobierno de CLM a la lucha de los trabajadores de Tragsa y de sus sindicatos en defensa de los puestos de trabajo.
CCOO y UGT quieren trasladar este mismo documento a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales, para que lo tramiten como Proposición no de Ley en la que adviertan que el ERE es profundamente perjudicial para los intereses de CLM y del conjunto del país; y se inste al Gobierno autonómico a dirigirse al Gobierno central para reclamar la retirada del ERE y la apertura de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores para plantear un plan de viabilidad para el grupo con despidos cero.
“No debemos olvidar que el grupo Tragsa es 100% público y trabaja en exclusiva para las administraciones públicas; y que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de ser accionista, ocupa el tercer puesto en producción acumulada a noviembre de 2015 entre las 17 comunidades autónomas. Razón por la que esta comunidad autonómica no puede ser ajena a decisiones injustificadas en los términos de reducción de empleo que se están planteando y por el impacto negativo sobre los trabajos encomendados”, indica Alejandro Jiménez, secretario de Organización de Construcción y Servicios de CCOO CLM
En Castilla-La Mancha, Tragsa ha ejecutado y ejecuta proyectos e infraestructuras rurales, agrarias, medioambientales y forestales, acciones vinculadas a la rehabilitación de edificios de las administraciones, o trabajos para paliar situaciones de emergencia debidamente declaradas. Por su parte, la consultora Tragsatec presta servicios de asistencia técnica a diversas administraciones de la región en ámbitos como la gestión de ayudas europeas, el desarrollo de sistemas informáticos, o la modernización de los sistemas vinculados a la gestión sostenible del ciclo del agua.
El Grupo tiene además su sede autonómica en Toledo, desde la que se prestan los servicios centralizados propios de una compañía de estas características (económico-financiero, jurídico, recursos humanos, etc.), acumulando con ello en nuestra región un volumen de empleo muy importante, netamente al servicio del fortalecimiento de las administraciones públicas.
“En la actual situación de empleo en nuestro país, y muy particularmente en Castilla-La Mancha, los despidos que quiere ejecutar el grupo Tragsa son totalmente inaceptables por el impacto sobre la economía tanto nacional como regional. Además, los datos económicos y productivos del Grupo, pasados dos años desde la presentación del ERE, han evolucionado positivamente, de tal manera que las estimaciones de pérdidas y de producción no tienen parecido con las previsiones que justificaron el expediente”, explica Jiménez.
“La previsión para el periodo 2014-2019 era de 64,3 millones de pérdidas en el conjunto del Estado. En el último avance de 30 de septiembre de 2015, las previsiones de pérdidas se rebajaron hasta los 37 millones, y el posible cierre del año 2015, con aprovisionamiento de la devolución del 50% de la paga extra detraída en 2012, aún era de proyección de margen positivo”
“Los trabajadores han demostrado además su voluntad negociadora y su disposición para alcanzar un acuerdo justo mediante el que se eviten los despidos y se cubran las pérdidas evitando utilizar los fondos del Estado, recurriendo a las reservas voluntarias ya acumuladas”
“Ante esta situación parece lógico pensar que al igual que se pedía un esfuerzo a la plantilla, hubiera sido necesario la reestructuración de la estructura directiva y los cargos ajenos a las necesidades de producción. Pero por el contrario durante estos años de manifiesta dificultad se ha seguido abonando las primas por objetivos con cifras astronómicas a mandos y directivos”, concluye Jiménez.