Redacción · La ciudad de Albacete ha acogido la presentación de la Ley 25 de Emergencia Social. Al acto han acudido la diputada y portavoz de Podemos, Irene Montero, el Secretario General y vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, José García Molina, la senadora Virginia Felipe y el Secretario Municipal, Alfonso Moratalla, quien se ha encargado de las presentaciones.
Irene Montero ha comenzado su intervención criticando la falta de “aplicación práctica”, en el mundo y en Europa, del Articulo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señalando cómo las legislaciones de los países firmantes, “deberían cumplir punto por punto” el contenido de la Declaración. En este sentido, ha destacado el escándalo de “las compraventas de vivienda pública por parte de fondos buitre”, con la connivencia de las instituciones.
Montero ha continuado señalando la necesidad de “recuperar la sanidad universal, motivo de orgullo” de los españoles, hasta hace no mucho. “Hay mucha gente que no puede pagar los medicamentos que necesita o a la que se le niega el derecho a la asistencia sanitaria”. Entre estos últimos se encuentran los emigrantes e inmigrantes.
Teniendo en cuenta que la Ley 25 fue presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de enero, la diputada se ha preguntado “¿porqué siguen produciéndose desahucios si todos los partidos estamos de acuerdo y el parlamento puede evitarlos?” Montero ha concluido apuntando a la firme intención de Podemos de seguir presentando “propuestas para mejorar la vida de la gente” y animando al auditorio a compartir e informar a la ciudadanía sobre la Ley 25 “para ser muchos y muchas defendiendo políticas que son justas y que defiendan nuestros derechos”
Por su parte, García Molina se ha referido a la labor parlamentaria de su grupo en lo que va de legislatura, para asegurar los derechos que trata la Ley 25: garantizar el acceso universal a la sanidad, el derecho a una vivienda digna y al acceso a los suministros energéticos.
García Molina ha señalado la puesta en marcha de “un plan contra la pobreza energética este mes, para cubrir el recibo de unas diez mil familias de la región”, así como la firma de un convenio con las empresas suministradoras “para que la gente no pase frío este invierno”. Sobre al derecho a la salud, ha destacado el convenio con el gobierno regional que “recupere la tarjeta sanitaria universal”, gracias al cual “sólo se va a pedir que los pacientes estén empadronados”. “Hemos dado pasos, pero queda mucho por andar. Nuestro principal objetivo es blindar los derechos sociales en el estatuto de autonomía”.
Virginia Felipe ha dedicado unas emotivas palabras a José Luis Serrano, Presidente del Grupo Podemos en el Parlamento andaluz, fallecido en el día de hoy. La senadora de Podemos ha continuado enumerando los retos sanitarios, laborales y económicos a los que se enfrenta la ciudadanía y, en particular, las personas con discapacidad. “Nos vamos a dejar la piel porque el articulo 25 de la declaración de derechos humanos se haga efectivo.”
El evento también ha contado con la intervención de Ana Teresa Higueras, del colectivo Stop Desahucios, cuyos representantes se han encargado de analizar los orígenes y las consecuencias de la crisis, así como los efectos de las políticas públicas que han propiciado la desigualdad actual. Un centenar de personas han llenado el auditorio en el cual se ha presentado la Ley 25, muchos de los cuales han expuesto sus ideas y preocupaciones al respecto.
REUNIÓN CON STOP DESAHUCIOS
Previamente, miembros de este colectivo se han encontrado con José García Molina, Pedro Vozmediano, Secretario de Movimientos Sociales en la región, y Alfonso Moratalla, para tratar en detalle los puntos de actuación recogidos en la Ley 25. Entre los aspectos a desarrollar, se encuentran el establecimiento de formas eficientes de comunicación con los diferentes colectivos que sirvan para aunar fuerzas e intentar atajar el tremendo drama social al que se enfrenta la ciudadanía castellanomanchega.
Por otro lado, algunos de los temas objeto de análisis han sido la pobreza energética, la dación en pago, las condiciones de recuperación del parque de vivienda vacía, la despenalización del uso de vivienda vacía o el papel de las oficinas de intermediación en Castilla-La Mancha.
