La Asociación “Ciudadanos por la República” de Cuenca, tras el pleno municipal celebrado el 28 de abril de 2016 en el consistorio de la capital, ha mostrado “su estupor y vergüenza ajena por las lamentables explicaciones del concejal García Hidalgo y por el desafortunado comentario final del alcalde balbuciendo torpes excusas sobre la pasividad del Ayuntamiento de Cuenca” en la aplicación del acuerdo del mismo pleno del 28 de noviembre de 2014 por el que se exigía al Obispado de Cuenca, como titular del inmueble, la retirada de los símbolos franquistas de la fachada lateral de la Catedral, concretamente la inscripción de Primo de Rivera y el escudo del yugo y las flechas, en observancia del artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada de la simbología de exaltación de la sublevación militar y de la dictadura.
Desde el colectivo republicano recuerdan al equipo de gobierno municipal del PP que los acuerdos de Pleno “son jurídicamente vinculantes, que se caracterizan por su ejecutividad inmediata y ejecutoriedad, y, que, en caso de incumplimiento, la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común prevé la ejecución forzosa de los mismos a través de medios como la ejecución subsidiaria y la imposición de multas coercitivas al particular incumplidor”. “En relación a los elementos franquistas ubicados en edificios de propiedad privada, como el caso que nos ocupa, – señalaron – el Ayuntamiento de Cuenca, según la LOTAU, tiene competencias propias en materia de disciplina urbanística para realizar los oportunos requerimientos y retirar dichos elementos mediante un procedimiento de ejecución forzosa vía subsidiaria”.
Igualmente ilustran al equipo de gobierno municipal “que su inacción y su connivencia con el Obispado en el mantenimiento de la ostentación de simbología fascista en la fachada lateral de la catedral contraviene el informe del Sr. Jefe de la Sección de Actividades Educativas del Ayuntamiento de fecha 24-11-2014, vulnera el propio Acuerdo-Pleno de 28 de noviembre de 2014, transgrede el artículo 15 de la Ley 52/2007, infringe el Dictamen de 22 de julio de 2014 del Relator Especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos, D. Pablo de Greiff y viola constante jurisprudencia que obliga a las Administraciones Públicas a la retirada de la simbología franquista como laSentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 20 de enero de 2014”.
Además, remarcan desde el colectivo republicano, que “la actitud complaciente del equipo de gobierno municipal con la actitud del obispado de Cuenca no encuentra parangón en el derecho comparado y sería constitutiva de delito en países de nuestro entorno democrático, como Alemania Francia o Italia”
Ciudadanos por la República considera “contrario a derecho, bochornoso, injustificable y diametralmente opuesto a los valores democráticos y a los derechos humanos que desde un Obispado y con la complicidad del equipo de gobierno municipal se persevere en la exhibición de una simbología que amparó centenares de miles de crímenes de lesa humanidad (desapariciones forzadas, desapariciones forzadas en su modalidad agravada infantil con cambio de identidad, ejecuciones extrajudiciales, torturas….), provocando con tan insólito e ilegal proceder, un daño a la convivencia ciudadana y una profunda humillación y ofensa a las víctimas del fascismo y a sus familiares, concitando de esta forma la repulsa de grandes sectores de la población conquense y de los turistas que visitan la ciudad”
Los republicanos conquenses recuerdan que “el partido fascista “Falange Española” se caracterizó desde su fundación en 1.933 por el empleo de la violencia extrema (sus líderes predicaban “la dialéctica de los puños y las pistolas”) y sus militantes, además de protagonizar numerosos atentados terroristas y asesinatos de febrero a julio de 1.936, también fueron la punta de lanza de la crudelísima y feroz represión desatada por los sediciosos tras el golpe de estado de julio 1936 durante la guerra civil y en la ulterior posguerra, lo que convirtió a los falangistas en la viva representación de la brutalidad cotidiana, hasta el punto de que hoy continúan desaparecidas 143.353 personas enterradas como animales en cunetas y barrancos en 2.382 fosas comunes esparcidas a lo largo y ancho de la geografía española, macabro balance que convierte a España, tras Camboya, en el segundo país con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.