CCOO denuncia la pérdida de más de 500 empleos en la Administración General del Estado en la región durante los últimos cuatro años

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Responsables de CCOO han informado en rueda de prensa de la pérdida de puestos de trabajo Toledo · La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO ha elaborado el estudio “Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado” en el que se ve el negativo impacto que han tenido las políticas de recorte en el gasto público desarrolladas por el Gobierno de España en la AGE, tanto desde el punto de vista de su funcionamiento y la atención a los derechos de la ciudadanía, como en lo que se refiere al empleo y a las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos.

En los últimos cuatro años la destrucción de empleo en la AGE está colocando a buena parte de los servicios públicos que presta “al borde del colapso”. En el conjunto del Estado se han destruido 23.000 empleos en la AGE, -sin contar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni las Fuerzas Armadas-, lo que supone un 10,10%, mientras que en la región la destrucción de empleo ha sido del 7,49%, esto es, 524 empleos, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa en Toledo, José Manuel Vera, secretario general del Sector de la AGE en la FSC de CCOO, junto con Jesús Calvo, coordinar regional del Sector de la AGE de la FSC de CCOO CLM, y Carmen López, secretaria general de la FSC de CCOO CLM.

En el país, de los 227.808 trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado que había en enero de 2011, hemos pasado a 204.792 en enero de 2015. En la región, de 6.957 hemos pasado a 6.433.

Por provincias, la mayor destrucción de empleo en la AGE se ha producido en Cuenca (13,66%), más de 3 puntos por encima de la media del país, seguida por Ciudad Real (9,14%), Guadalajara (8,25%), Albacete (6,87%) y Toledo (4,71%).

En números absolutos se han perdido 124 empleos en Albacete, 132 en Ciudad Real, 94 en Cuenca, 74 en Guadalajara y 100 en Toledo.

Al mismo tiempo que se justifica esta reducción de empleo público en una supuesta política de austeridad que tiene como objetivo la reducción del déficit público, se hace una decidida apuesta por la externalización y la privatización, lo que supone mayores costes (el propio Gobierno ha reconocido que es más caro), menor eficacia, reduce la calidad del servicio público e, incluso, coloca en manos de empresas privadas información extraordinariamente sensible, denuncia Vera, que añade que los costes por la privatización de servicios son de 11 millones de euros anuales.

Respecto a la temporalidad en la AGE, los departamentos con mayor índice de temporalidad son los Ministerios de Economía y Competitividad (23,5%), Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (15,35%), Presidencia (11,37%), Educación, Cultura y Deporte (8,21%) y Empleo y Seguridad Social (5,75%). En estos Ministerios de concentra más del 83% del personal temporal de la AGE, ha explicado Vera, que destaca que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), más del 82% de su personal laboral tiene carácter temporal.

En cuanto a la Oferta de Empleo Público, en los últimos cuatro años el 73% de las incorporaciones de nuevos efectivos se han producido en los grupos de nivel superior y menos de un 15% de las plazas se han destinado a puestos de la estructura de apoyo.

Asimismo, Vera ha denunciado que hay demasiados ejemplos de gestión de política de personal dirigida a potenciar las actuaciones de discrecionalidad, frente a los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora de acceder al empleo público. Según los datos facilitados por la propia Administración a las organizaciones sindicales, durante 2014 de los procesos de ocupación de puestos de personal funcionario, cerca de 12.500 lo fueron mediante procedimientos al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, a través de los procedimientos ordinarios de concurso y nuevo ingreso, presididos por estos principios, únicamente fueron unos 7.000.

Esta forma de gestionar los sistemas de provisión de puestos condiciona, además de la promoción, las retribuciones del personal de la AGE, con la aplicación de los llamados “incentivos al rendimiento”, que decide de forma unilateral el Gobierno, y cuyas cuantías en algunos casos pueden ser incluso mayores que el propio salario, en algunos casos estos rendimientos llegan a superar los 5.000 euros.

Vera ha denunciado, también, que las políticas del Gobierno han convertido la igualdad en la AGE en “una mera cuestión estética, vacía de contenido”. En casi todos los grupos hay más mujeres que hombres, excepto en los niveles superiores, que se ocupan por libre designación, donde hay más hombres.

“Lo más grave es que la situación descrita no es el resultado de un escenario coyuntural de crisis, sino que la utilizan como disculpa para modificar el modelo de Administración que la sociedad ha construido. Un cambio que persigue reducir a la mínima expresión el volumen de empleados y empleadas públicas, -los estrictamente necesarios para funciones de inspección y control-, para entregar al negocio privado la prestación de la mayor parte de los servicios públicos”.

“Comisiones Obreras va a luchar frente a este modelo, que tratan de imponernos, defendiendo el empleo y los servicios públicos”, ha recalcado el secretario general del Sector de la AGE en la FSC CCOO.

El sindicato va a trasladar este informe a los partidos políticos, ha explicado López, que añade que “queremos seguir haciendo visibles los recortes a las y los empleados públicos y al conjunto de la ciudadanía, lo que algunos políticos llaman ajustes nosotros los calificamos de desajustes”.