El Gobierno regional devolverá la paga extra antes de acabar el año o en enero de 2017, cumpliendo el acuerdo con los sindicatos

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Oretania de Cultura

Toledo · El Gobierno de Castilla-La Mancha ha garantizado hoy que cumplirá estrictamente el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la función pública para la recuperación de las condiciones retributivas y laborales de los empleados públicos, en el que, entre otros derechos, se recoge la devolución del 25% restante de la paga extra, que será abonada este año si la situación económico-financiera y presupuestaria de la Junta lo permite y se resuelve  la incertidumbre sobre el objetivo de déficit o, en cualquier caso, en enero de 2017. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha resaltado durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el que ha subrayado que el Gobierno de Emiliano García-Page cumple con sus acuerdos porque es un Gobierno “serio y responsable”.

Ruiz Molina ha indicado en este sentido que el Ejecutivo regional trabaja para que esta región avance y gane en autoestima y en confianza, con el objetivo de que cuando acabe la legislatura los recortes del anterior Gobierno del PP sean para los empleados públicos de la Junta, en particular, y para la ciudadanía, en general, solo un mal recuerdo.

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Para ello, el Gobierno de García-Page en esta legislatura restituirá a los empleados públicos de la Junta de Comunidades todos los derechos que les fueron arrebatados en los últimos cuatro años.

Un compromiso en el que se seguirá avanzando pero que ya se ha fijado en parte en un acuerdo al que el Gobierno regional llegó con los sindicatos que representan a los empleados públicos el pasado mes de febrero.

En relación con la devolución de la paga extraordinaria que Mariano Rajoy suprimió a todos los empleados públicos en 2012, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma en devolver un 26,23% de la paga extraordinaria al inicio de esta legislatura, concretamente, en octubre del pasado año.

En el acuerdo con los sindicatos alcanzado en febrero se estableció cómo se devolvería el 50% restante. Así, en el mes siguiente a la aprobación de los Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2016 se devolvería un 25,14% de esa paga extraordinaria. El 25,49% restante se abonaría en octubre de este mismo año si la situación económico-financiera y presupuestaria lo permitía. En caso de que no fuera posible, este abono, que supondría la recuperación del importe total de la paga extraordinaria suprimida, se efectuaría en enero de 2017.

Como balance de ese punto del acuerdo, Ruiz Molina ha subrayado que el primer 25% se abonó en la nómina del pasado mes de mayo, tras la aprobación de los presupuestos generales de la Junta de este año, “cumpliendo al pie de la letra el acuerdo alcanzado con los sindicatos”.

Respecto al segundo plazo, el último 25% que queda por abonar, Ruiz Molina ha explicado ante el pleno de las Cortes que en una reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos celebrada esta misma semana el Gobierno regional trasladó a los sindicatos que, de acuerdo con la información económica presupuestaria disponible a 30 de septiembre y la situación de incertidumbre existente respecto al objetivo de déficit a cumplir este año, no se está en condiciones de poder abonar la paga extra en la nómina de octubre, que era la primera opción recogida en el acuerdo.

Ruiz Molina ha recordado en este punto que todavía no se conoce con certeza cuál será el objetivo de déficit tanto para el ejercicio 2016 como para el ejercicio 2017, por lo que espera que se convoque lo antes posible el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que las Comunidades Autónomas cuenten con esta información de manera definitiva.

No obstante, ha recalcado el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno de Castilla-La Mancha está dispuesto a abonar el último 25% de dicha extra antes de acabar el año, es decir, en noviembre o diciembre, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten y, en cualquier caso, se abonará en el mes de enero de 2017, como se recoge en el acuerdo.

“Por tanto, el Gobierno de Emiliano García-Page cumplirá lo acordado con los sindicatos el pasado día 1 de febrero, que está recogido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado 3 de marzo, y devolverá la totalidad de la paga extraordinaria suprimida por el señor Rajoy en los plazos estipulados en ese acuerdo”, ha puesto de manifiesto Ruiz Molina.

El Gobierno regional devolverá en año y medio el 75% de la paga extraordinaria a los empleados públicos

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha añadido que, en resumen, el Gobierno de Castilla-La Mancha en un año y medio devolverá el 75% de la paga extra suprimida en 2012 por el Ejecutivo de Rajoy, sin elecciones autonómicas de por medio, mientras que el Ejecutivo de Cospedal en cuatro años solo abonó un 25% de esa paga y curiosamente a dos meses de las elecciones autonómicas de 2015, para intentar atraer el apoyo de los miles de empleados públicos a los que había machacado durante su mandato.

Una devolución de la paga extraordinaria que el Gobierno de García-Page ha llevado a cabo a pesar de la complicada situación económico-financiera de la Junta de Comunidades que se encontró al inicio de la legislatura.

La recuperación de la disminución retributiva del 3% salarial efectuada por el anterior Ejecutivo, lo que se conoce como ‘tasa Cospedal’; el incremento del porcentaje máximo autorizado por los Presupuestos Generales del Estado para las retribuciones de los empleados públicos; la recuperación del permiso por incapacidad temporal con la concesión de cuatro días de ausencia por enfermedad al año sin merma retributiva, así como los días adicionales por antigüedad, tanto los correspondientes a asuntos particulares como por vacaciones, son el resto de puntos que incluye este acuerdo.

El Gobierno regional, ha finalizado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura una treintena de avances en relación con los empleados públicos, una tarea que ha acometido con máxima responsabilidad y teniendo en cuenta siempre las disponibilidades presupuestarias.

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