Ciudad Real · El anuncio del Gobierno regional de que probablemente se prorrogarán los actuales Presupuestos Generales de cara al 2017 preocupa a CSIF por el perjuicio que podría suponer para los ciudadanos castellano-manchegos. El PSOE achaca esta decisión a la falta de tiempo para la aprobación de unos nuevos Presupuestos antes de final de año y alude asimismo a la falta de acuerdo político entre los grupos parlamentarios para llevarlo a cabo.
Desde CSIF se advierte que la prórroga afectará negativamente a temas tan importantes como la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores en la región, la confección de una Oferta de Empleo Público acorde con las necesidades actuales, la recuperación de salarios y derechos de los empleados públicos, la atención específica en sectores clave como Sanidad y Educación o la recuperación de la paga extra de 2012 en los empleados regionales, entre otros asuntos.
El Gobierno regional dice apostar por la recuperación de los recortes aplicados por el gobierno anterior, pero no lo está haciendo adecuadamente, no hay avances sustanciales; son muchos los asuntos que siguen igual, la ignominiosa detracción del 3% en nuestros salarios, la denominada tasa Page-Cospedal, por ejemplo. CSIF teme que con esta prórroga se pretenda justificar la continuación de este bloqueo en la recuperación de derechos perdidos, tanto en los empleados de la Administración Autonómica como en los servicios públicos fundamentales.
Ésta ha de ser una prioridad, junto con la lucha contra el paro y la exclusión social, para el gobierno regional y, por tanto, ha de poner las medidas precisas para que nada bloquee esta recuperación, que dice querer el Sr. Page, y que tanto defendía cuando estaba en la oposición.
Reflexión
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios demanda una urgente reflexión a todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo y evitar una prórroga que volvería a dejar a Castilla-La Mancha en una situación de incertidumbre. Buscar el bienestar de los castellano-manchegos y la mejora de los servicios públicos debe ser una prioridad de los grupos políticos más allá de los fines partidistas.