Toledo · Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio de Agricultura en una reunión mantenida con la Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación una mayor implicación presupuestaria para hacer frente a los graves daños y los sobrecostes que la sequía está provocando en la agricultura y la ganadería de extensas zonas, con especial incidencia en Castilla y León y de forma también muy intensa pero desigual en Castilla-La Mancha y otras regiones.
Unión de Uniones presentó ayer al Ministerio de Agricultura una propuesta con 20 medidas para apoyar el mantenimiento de la renta de los agricultores y ganaderos, flexibilizar la aplicación de determinados mecanismos PAC que eviten que los afectados incurran en penalizaciones afectados y la aplicación de beneficios fiscales. La organización ha remitido hoy a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha el mismo documento, que también recuerda los daños por helada que se han producido en pasadas fechas y para los que pide similares ayudas.
La organización ha coincidido con el MAPAMA que el seguro agrario es un instrumento en general muy valorable; pero señaló en la reunión que en crisis como las actuales revela deficiencias que deben mejorarse, puesto que lo hacen poco atractivo o directamente inasumible para el agricultor o ganadero, sobre todo en los secanos de bajo rendimientos. Esto hace que las cifras de contratación en las zonas más afectadas sean muy bajas tanto para el seguro de herbáceos como el de pastos. Para la organización, además, ha sido un error el recorte de los apoyos que el Plan de Seguros ha sufrido en estos pasados ejercicios tanto por parte del Ministerio como de las Comunidades Autónomas.
La oferta del Ministerio se limita a una línea de financiación de 90 millones de euros, que se publicará en breves fechas y cuyo coste para el Ministerio, subvencionando sólo el coste del aval de SAECA rondará, según cálculos de la organización, entre los 3,5 y los 4 millones de euros. A falta de una valoración global de los daños en los cultivos agrícolas de secano y los sobrecostes por la alimentación suplementaria de sus animales para el ganadero y el mayor coste en los regadíos, de la que el Ministerio aún no dispone, dicha cantidad es a todas luces insuficiente cuando Unión de Uniones considera que sólo las pérdidas en cosecha de cereales están en el entorno de los 1.000 millones de euros. De estas pérdidas alrededor de unos 170 millones de euros corresponderían a daños en Castilla-La Mancha.
La organización ha insistido en la necesidad de mejorar el seguro agrario, pero en la inmediatez del problema pidió la puesta de ayudas directas centradas en los agricultores y ganaderos profesionales que viven fundamentalmente del trabajo de su explotación y que tendrán problemas económicos, no sólo por los malos resultados de esta campaña, sino para asumir los costes de planificación de la siguiente. Unión de Uniones subrayó al Ministerio que esta es, por desgracia, la mejor oportunidad para reclamar a Hacienda los alrededor de 19 millones de euros que dejarán de devolverse a los agricultores por el recorte de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos. Esta medida ha sido propuesta por la organización y asumida por algunos Grupos Parlamentarios en las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que actualmente se discuten.
Respecto de las reducciones fiscales, Unión de Uniones manifestó al Ministerio que estas tendrán un impacto limitado porque cuando los ingresos son cero o mínimos las reducciones pierden sentido y ha indicado al Ministerio que también sería un momento idóneo para que se planteara, tal y como la organización ha trasladado igualmente durante el debate de Presupuestos del Estado a las fuerzas políticas, la aplicación del tipo más reducido del IVA a los inputs agrarios, lo que si supondría de hecho un alivio importante para los agricultores y ganaderos.
En definitiva la organización considera que existen instrumentos al alcance del Gobierno para mejorar la oferta de medidas que hasta ahora ha trasladado al sector y que es necesario una mayor implicación tanto por parte del Ministerio, como de las Comunidades Autónomas, a las que la organización reclama igualmente que den un paso al frente de esta grave situación.