Jesús Núñez Rodríguez. Secretario de Organización de Podemos Ciudad Real · En 1585 Felipe II viajaba con una amplia comitiva desde Zaragoza a Barcelona. Al pasar cerca de Lleida, quiso acercarse al Monasterio de Poblet, de cuya fama había oído hablar, y mandó por delante como correo al aposentador real Pedro del Yelmo para comunicar al Monasterio la llegada del monarca. Al llegar a su destino, Del Yelmo llamó y se abrió una rejilla en la puerta desde donde se le preguntó por el motivo de esa llamada. El aposentador anunció la llegada inmediata del rey de España, Don Felipe II. La rejilla se cerró. Tras nuevos e infructuosos intentos, la comitiva real llegó sin que el aposentador hubiera conseguido su cometido. El rey le inquirió entonces por el motivo de ese fracaso, y del Yelmo le comunicó que no querían abrir la puerta al rey de España. D. Felipe ordenó entonces al aposentador que le anunciara como el Conde de Barcelona. Así se hizo, y las puertas se abrieron de par en par.
Cuando en 1978 se aprueba la Constitución Española el problema territorial que nunca ha dejado de ser una constante histórica desde el mismo momento de la unión de reinos que propició el casamiento de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se supeditó a la necesidad de priorizar la estabilidad democrática aceptando el “café para todos” con el que entonces Presidente, Adolfo Suárez, quiso zanjar aquel debate pese al lastre que el terrorismo de ETA suponía durante aquellos años. La solución no satisfacía las expectativas del nacionalismo catalán, vasco o gallego. Ni siquiera del andaluz, como quedó reflejado el 28 de febrero de 1980. Pero articulaba un instrumento institucional con cuatro autonomías que ganarían competencias por la vía del artículo 155, mientras el resto, las otras 13 creadas con criterios a veces de dudosa eficacia, lo harían por el artículo 143. El invento funcionó durante un tiempo, y pese al lastre del terrorismo etarra que hasta no hace tanto aún azotaba nuestra sociedad, España iba incorporándose al grupo de países occidentales más avanzados gracias al esfuerzo de trabajadores y clases medias, dejándose a gente por el camino a causa de la reconversión industrial, y sacrificando siempre un futuro de desarrollo sostenible que nunca llegaría al arrastrar legislaciones educativas encorsetadas en tradiciones de capilla y supeditadas a intereses privados con presupuestos que nunca estuvieron a la altura de la Europa con la que nos comparábamos. Además, la desigualdad nunca fue abordada con interés por los diferentes gobiernos de PSOE y PP que protegieron desde diferentes matices los privilegios de las élites financieras y políticas españolas del mismo modo que siguen haciéndolo hoy día.
Sin embargo, era cuestión de tiempo que el debate territorial aparcado en el 78 asomaría en algún momento. Con la llegada del siglo XXI y el terrorismo etarra dando sus últimos coletazos, Cataluña planteó la necesidad de renovar las competencias de su autogobierno y fruto de ello fue el nuevo Estatut de 2006, recurrido al Constitucional por el Partido Popular inmediatamente y que supuso la anulación, 4 años después, de 14 de sus artículos por este tribunal, incluyendo aspectos referidos a la lengua catalana, la justicia y la sindicatura de cuentas. A partir de este momento, el movimiento independentista catalán se dispara. Pasa de una popularidad del 28%, a rozar prácticamente el 50% en muy poco tiempo. El partido independista Esquerra Republicana de Catalunya pasa de ser un partido más del Parlament a obtener resultados que lo acercan a disputar el gobierno de la Generalitat junto a CiU y PSC, y el inmovilismo de los viejos partidos, especialmente el PP, atiza las brasas del independentismo incluso entre aquellos que nunca lo tuvieron entre su ADN ideológico. Es el comienzo del declive de los partidos viejos en Cataluña, y el surgimiento de 2 fuerzas políticas nuevas originadas en ambos extremos de las posturas soberanistas: Ciudadanos y las CUP. El modelo político catalán se polariza rápidamente entre partidos independistas (a los que se ha sumado Convergencia Democrática de Cataluña) y los antiindependentistas, entre los que el Partido Socialista intentará arbitrar una postura puente en base al federalismo y la aceptación de una consulta popular. Pero en enero de 2014 el PSOE cambia de idea y varios diputados socialistas catalanes rompen la disciplina de voto al defender el derecho de los catalanes a votar a través de una fórmula acordada con el Estado. Políticos destacados como el alcalde de Lleida Angel Ros, renuncian a su escaño al ser obligados a votar no a la solicitud al Congreso del traspaso de competencias sobre referendos. Se trataba de la imposición desde Madrid al PSC para alinearse decididamente por el inmovilismo. La fractura estaba servida. La apuesta soberanista de Mas y el independentismo se acelera en este tiempo convocando una consulta que carecerá de refrendo legal pero que será celebrada finalmente en la simbólica fecha del 9 de Noviembre de 2014 (300 años después de la toma de Barcelona por las tropas borbónicas de Felipe V que puso fin a la Guerra de Sucesión española). Más que el previsible resultado de la misma, políticamente poco trascendente, lo que rezuma de ella fue la determinación del soberanismo catalán de no frenar su camino al secesionismo. Ni siquiera el hecho de que los escándalos de corrupción de la familia Pujol afloren precisamente entonces, impide a Mas perseverar hacia un soberanismo que nunca antes había defendido. Durante todos estos años, el gobierno de Rajoy que sustituyó a Zapatero en 2011, jamás ha querido abordar el problema de forma directa y ha dejado que fuesen sus apéndices mediáticos los que combatieran desde los medios el unilateralismo soberanista. Un conflicto que ocultaba, dicho sea de paso, los más que graves problemas que la corrupción y el austericidio practicados tanto en Madrid como en Barcelona estaban causando a la sociedad catalana y española. Mientras tanto, el déficit del Estado crece, la precariedad en el empleo se multiplica, la corrupción se enquista en la estructura de los partidos viejos, la hucha de las pensiones se vacía, surge una nueva clase desfavorecida en el país (el trabajador pobre), los jóvenes españoles abandonan el país en número creciente cada año y el gobierno emplea su artillería mediática para convencer a la ciudadanía de que ser un país de camareros y albañiles es algo maravilloso.
Sin embargo, y pese a que todos estos hechos parecen enlazar de forma directa con los acontecimientos de las últimas horas, en esta vorágine de incomunicación, de órdagos institucionales y de recurso al exceso verbal irresponsable, surge un nuevo actor que, además de enfrentar todos los despropósitos arriba enumerados para defender la democracia, aboga por restablecer los puentes del diálogo entre administraciones y retomar la iniciativa política para la reforma del marco constitucional consensuado, que ajuste soluciones para el encaje territorial dentro de una España plurinacional. Ese actor no es otro que Podemos y su conexión política en Cataluña con otras entidades surgidas de las mareas y el 15M entre las que destaca la liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. A día de hoy, es la única fuerza que no participa de trincheras ideológicas del inmovilismo, ni del independentismo unilateral. Los ejemplos de Escocia y Québec demuestran que existen fórmulas para establecer, incluso más allá del derecho internacional, soluciones de Estado para que los pueblos puedan definir con claridad y sin trampas, sus deseos dentro de un acuerdo bilateral que no sólo es posible, sino que desde el punto político es el único recomendable, incluyendo la necesaria modificación que el momento histórico requiere de la relación fiscal y jurídica entre naciones y Estado. El rechazo frontal de unos, y la marcha hacia la llamada desconexión de Cataluña con España de los otros, sólo puede conducir a un enquistamiento del problema y a trasladar un conflicto político evitable, a una inestabilidad social indeseable.
No es extraño que tras los sondeos que tanto a nivel interno (ERC) como externo (El Mundo y El Confidencial) se han conocido las pasadas semanas, los partidos soberanistas hayan forzado un acuerdo en frágil equilibrio con el único fin de evitar perder la mayoría absoluta de escaños conseguida el 27S por el ascenso imparable de En Comú Podem. Resulta clarificante que sea precisamente Podemos, que ha dejado claro que no quiere que Cataluña se separe de España, quién mejor está combatiendo políticamente el soberanismo. Además, y como la propia CUP reconoció, si aquellas elecciones tuvieron carácter plebiscitario, el soberanismo no ganó dicho plebiscito, ya que no consiguió mayoría de votos. Ello da idea de las anteojeras opacas con la que los soberanistas han decidido actuar para conservar la iniciativa política en Cataluña. Es por tanto imprescindible restablecer el sentido de responsabilidad institucional reconstruyendo el diálogo y abordando una solución reformista que vaya de la mano de la que ha de abordarse en el conjunto del Estado español dentro de una Reforma Constitucional que incluya otras necesidades de la sociedad española menos pasionales pero no menos imprescindibles: blindaje de los servicios públicos básicos, moción de confianza para el cumplimiento del programa electoral, cambio de la ley electoral, y reforma de la justicia para que se garantice su independencia y la separación de poderes de la democracia. Quienes enarbolan banderas para defender la unidad de España desde el inmovilismo, deberían reflexionar si esa unidad está mejor garantizada dejando que el soberanismo se crea su propia hoja de ruta, ó reformando la constitución y que sean los ciudadanos los que resuelvan lo que los políticos no están siendo capaces de solucionar. La aceptación de una realidad plurinacional y el derecho a decidir ha permitido a Canadá y Reino Unido mantener su unidad territorial con la fórmula de más democracia, no restringiéndola. Ni David Cameron ni su homólogo canadiense tuvieron reparo en llamar a la puerta de Escocia y Québec como hizo Felipe II en Poblet. Actualmente, sólo Podemos está llamando a la puerta de Moncloa y del palacio de la Generalitat para que la política sustituya al encontronazo de cabezas cuadradas. Es hora de que alguien abra la puerta.