La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional que no sorprende: simplemente ha cumplido con su deber jurídico. Lo realmente sorprendente e indignante es que un gobierno en funciones se dedique a entorpecer el trabajo de personas que se esfuerzan por dar un servicio público, interponiendo un recurso por entender que la norma autonómica contraviene la norma estatal del año 2012. Es decir, el Tribunal Constitucional ni siquiera se ha pronunciado al respecto, únicamente entiende que existen dudas y por ello habilita el inicio del proceso.
Desde CCOO defendemos la legalidad de la jornada de 35 horas y en cualquier caso entendemos que aún existiendo dudas de interpretación, podía perfectamente haberse mantenido la jornada hasta el dictamen del Tribunal Constitucional, ya que estamos hablando de un proceso que debe resolverse en un ámbito estrictamente jurídico. Sin embargo, ahora se abre un periodo de hasta cinco meses para realizar esta interpretación y mientras tanto estamos obligados a suspender la medida.
Igualmente, en Declaración conjunta, la Administración y los sindicatos representativos de los empleados públicos de CLM planteamos esta misma alternativa para, en tanto se pronuncie el TC, no alterar el normal funcionamiento de la administración autonómica de la JCCM.
El Gobierno del PP, y en concreto el Presidente Mariano Rajoy; y sobre todo Mª Dolores de Cospedal, han perdido una nueva oportunidad para reconciliarse con los empleados y empleadas públicos de Castilla-La Mancha y con la ciudadanía en general, en una comunidad autónoma como la nuestra especialmente castigada por el desempleo y la pérdida de derechos y a la que el PP sigue castigando aún sin estar ya en el gobierno autonómico.
Evidentemente las decisiones políticas tienen su reflejo en las urnas y desde luego esperamos que en la inminente cita electoral dé por finiquitado un gobierno que ha provocado y está provocando tanto sufrimiento.
Nos toca ahora al actual Gobierno autonómico de CLM y a los representantes sindicales asumir la responsabilidad de la que no ha hecho gala el PP para minimizar en lo posible el impacto de la suspensión de la jornada de 35 horas, impedir el caos en sectores como el de la sanidad pública, que será especialmente la víctima de todo este despropósito; y esforzarnos cuanto sea preciso para garantizar el correcto funcionamiento de la administración autonómica y la normal prestación de los servicios de su competencia.