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Pobres ayuntamientos pobres

Nemesio De Lara GuerreroNemesio De Lara Guerrero · En el intenso debate de reformas que habrían de aplicarse en las diferentes administraciones han tenido un relativo pequeño eco las propuestas del PP sobre las entidades locales. Hacia el saco crítico del desprestigio de lo público van, raudos, los ayuntamientos. Despilfarro, frivolidad e ineficiencia son algunos conceptos que en tiempos de derrota social van quedando en el aire de una calle que “está a la que salta” cuando se habla, también, del papel de alcaldes y concejales.

A modo de paréntesis, comento que merecería una profunda reflexión el caldo de cultivo que se está fraguando, que están fraguando fuera de las instituciones -creo que de manera muy premeditada- los que entraron de puntillas en la casa democrática, los salvapatrias de siempre, los embaucadores peronistas que aspiran a encontrar su peligrosa oportunidad en este tótum revolútum desesperado que asocia Política a corrupción e indolencia, sin más matizaciones. Pero hoy no vengo a hablar de eso.

El Gobierno pretende desapoderar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (97 de 102 en la provincia de Ciudad Real, y 7.720 de 8.116 en España) de las competencias que tienen atribuidas legalmente en materia de servicios mínimos obligatorios, si no cumplen con unos determinados criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ante tamaña barbaridad serían las diputaciones las encargadas de asumir este “producto robado” a los municipios. Tal hipótesis, además de grotesca, es absolutamente inviable porque no existe ninguna diputación en España que disponga de medios para cumplir con esta obligación.

A 31 de Diciembre de 2.011 la deuda pública viva ascendía a 800.000 millones de euros. 28.000 se correspondían con deuda local (el 3,5 por ciento), de los que 7.000 eran del ayuntamiento de Madrid. Por cierto, los 50 municipios más endeudados tenían más de 50.000 habitantes. Culpabilizar a los regidores de los ayuntamientos pequeños, sugiriendo propuestas tan displicentes como la comentada, no deja de ser una solemne memez -ni un brindis gratuito e inaplicable- ante la galería.

Otra de las medidas instadas por el Gobierno es la que pretende modificar la normativa electoral, reduciendo un 30 por ciento el número de concejales. Los concejales como problema. Los concejales, provocadores de una situación insostenible. Los concejales, causantes de un importante e insostenible gasto. Los concejales, guarismos imponentes en la estadística porcentual de la “mangancia” política…

Ni al que asó la manteca se le habría ocurrido tamaño despropósito legislativo. Son muchos miles los concejales que cobran cantidades compensatorias ridículas por los menoscabos económicos que sufren por su dedicación política. Son muchos miles los que no cobran absolutamente nada. Incluso, en tal caso, no sería cuestión de número, porque un órgano de gobierno con su corporación reducida podría decidir autónomamente el incremento sueldos, dietas o indemnizaciones, hasta que acabara siendo peor el remedio que la enfermedad.

Casi siempre, por razones confesables, se habrán cometido muchos pecados de gestión, se habrán realizado inversiones que no estaban siendo demandadas, se habrán creado servicios de calidad, cuya financiación no se ha imputado al específico usuario que voluntariamente los disfruta. Pero alcaldes y concejales, sobre todo de los pueblos pequeños, se han dejado y se dejan la piel por hacer más confortable la vida de sus conciudadanos. Y lo han hecho y lo hacen, en general, por sanas razones ideológicas, por clara y romántica voluntad de servicio, no siempre reconocida. Son ellos los que sufren el acoso de empleados y proveedores que no cobran porque “desde Toledo” no les pagan lo que les deben…

La municipal es, y será siempre, la política de la inmediatez, la más humana, la que atiende “en directo” los problemas ciudadanos, la que ofrece las soluciones más visibles y comprobables durante más tiempo a los vecinos. Es la política más incomprendida. La que quedó descolgada del pacto constitucional, cuyo desarrollo acabó hipertrofiando el ámbito autonómico, y “jibarizando” el municipal. Me vienen a la memoria los acuerdos, resoluciones, compromisos de los años ochenta, en los que todos coincidíamos en la tendencia por la que tendría que guiarse el reparto del gasto público: 50 por ciento para la administración central, 25 por ciento para la autonómica y 25 por ciento la local.

En puridad, sí son los ayuntamientos los que, de hecho, prestan multitud servicios de competencia autonómica. Pero lo hacen por delegación, encomienda de gestión, acuerdos de transferencias competenciales temporales, etc., etc. Lo que genera una servidumbre casi feudal respecto al respectivo gobierno regional. Ese tendría que ser el debate que ningún gobierno democrático se ha atrevido a instar, el de la definición de un marco competencial firme, estricto, exquisitamente delimitado por tamaño demográfico y por niveles administrativos, y no el de la fantochada “ninguneadora” de los 20.000 habitantes o del 30 por ciento menos de concejales.

La exitosa iniciativa del pago a proveedores (me alegro enormemente por los proveedores) es un ejemplo flagrante de la consideración de “hermana pobre” que resulta ser la Administración Local. Yo, ayuntamiento, contrato una obra o servicio con una empresa. El abono del importe correspondiente está garantizado por medio de un convenio suscrito con el Gobierno regional, que, en muchos casos, tendría que haberlo contratado él directamente. Dicho gobierno dilata hasta el extremo su obligación de pago, por lo que yo no puedo pagar al contratista. El proveedor ha podido cobrar, pero el Estado me irá detrayendo a mí, ayuntamiento (porque la solución ha sido convertir mi deuda con privados en bancaria), el principal de la misma, más un cinco, seis, siete por ciento de intereses. Al Gobierno Regional no le supone ni un solo euro de coste financiero y me pagará cuando le dé la gana. Los ayuntamientos –incluidos los de menos de 20.000 habitantes- salvan a los proveedores, “desestresan” al gobierno autónomo y colocan una medalla de enormes dimensiones en el pecho del Gobierno de España, que está encantado con su feliz idea.

Si la Federación Española de Municipios (FEMP) no se erige de inmediato en lo que es, representante de todos los municipios, independientemente de su color político, y no encabeza un movimiento serio en defensa de la dignidad de todos nuestros alcaldes y concejales, de nuestros pueblos y ciudades, como eslabones básicos e imprescindibles de nuestro sistema democrático, la FEMP debería desaparecer del mapa ya.