Redacción · La Secretaria del área de Bienestar Social de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Luisa Carcedo, ha acudido esta mañana al encuentro de la Coordinadora Nacional de la Dependencia, que se ha celebrado en Alcázar de San Juan. El citado encuentro, que bajo el lema “Sin Servicios Sociales no hay Justicia Social” ha concentrado en Alcázar a coordinadores venidos de todo el territorio nacional, ha servido para analizar la situación actual del colectivo, sobre todo tras los últimos recortes que ha llevado a cabo el PP.
María Luisa Carcedo, que estuvo acompañada por la Secretaria General del PSOE en Alcázar de San Juan, y candidata a la alcaldía en esta localidad, Rosa Melchor Quiralte, destacó que el 70% de los recortes se están centrando en políticas sociales, como educación, sanidad y servicios sociales.
En el caso de la dependencia, en esta legislatura se han realizado recortes económicos por uno 4.000 millones de euros, “recortes que inciden sobre población muy vulnerable, y sus efectos se extienden sobre familiares y cuidadores”.
La Secretaria de Bienestar Social además señaló que la situación de desamparo se acentúa más en el caso de los dependientes menores porque “las incompatibilidades y la incorporación de los copagos suponen un quebranto muy serio a las familias que tienen menores dependientes a su cargo”. Añadió que “los menores son dependientes para toda la vida”, y el objetivo final es que tienen que compatibilizar sus limitaciones con el disfrute de su vida familiar y en el hogar.
Las propuestas que el PSOE realiza pasan por derogar el Real Decreto de recortes del año 2012, volver a reconocer los derechos de la Ley de Dependencia y que no entre en vigor la Ley de Reforma de la Administración Local, porque supone un grave riesgo para los servicios sociales de proximidad que prestan los municipios, que pasarán a ser gestionados por las Comunidades Autónomas. Y auguró que los servicios sociales en manos de Cospedal “acabarán o bien deteriorados o bien privatizados”.
Por último quiso recordar que estamos en la semana de la Justicia Social, y que en este campo España ha descendido hasta el puesto 22 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
