Redacción · El sindicato CCOO denuncia que el Gobierno de Cospedal ha destruido el 28,76% de todo el empleo público suprimido por todas las comunidades autónomas de España desde 2012. Este dato es ya de por sí una barbaridad, pero es que, además, la sangría de empleo público de Castilla-La Mancha sólo representa el 6,57% de todo el ahorro conseguido por los “procesos de reordenación y racionalización” del conjunto de las administraciones autonómicas.
Así lo destaca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el informe sobre “cumplimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera” que ha hecho público hoy (os adjunto la tabla al final de este documento)
CCOO CLM deplora estos datos, que causan dolor y vergüenza. No sólo ponen de manifiesto el desaforado afán destructor de Lo Público que ha guiado toda la actuación del Gobierno Cospedal. Revelan además su colosal ineptitud, sin parangón y sin paliativos.
Según el Ministerio de Hacienda, entre el 1 de enero de 2012 y el 1 de julio de 2014, las comunidades autónomas de España redujeron en 53.544 el número de empleados públicos a su servicio; y lograron así un “ahorro” total de 21.586 millones de euros.
Castilla-La Mancha es, con diferencia, la que más empleo destruyó, 15.399 empleos públicos, el 28,76% del total; pero sólo consiguió ahorrar 1.418 millones, el 6,57% de los 21.586 millones ahorrados en total por todas las comunidades autónomas.
Así, por cada empleo público destruido, Cospedal logró un ahorro de 92.084 euros, menos de una cuarta parte de los 403.145 euros de ahorro por cada puesto de trabajo suprimido logrado de media por el conjunto de las comunidades autónomas.
Ante estos datos, CCOO CLM exige responsabilidades políticas al Gobierno de Cospedal. CLM tardará mucho tiempo y necesitará muchos esfuerzos para recuperarse del tremendo daño causado por su Gobierno a sus servicios públicos; a cambio del cual sólo se ha conseguido un pírrico ahorro. Que, además, se verá aún más mermado si se computan los efectos económicos de las numerosas sentencias condenatorias que este Gobierno viene recibiendo de los tribunales de Justicia.