Redacción · Tras la Mesa Técnica celebrada el día 21, se confirma que esta Consejería de Educación no revierte los recortes de la anterior y además sigue recortando con nuevas Supresiones y Amortizaciones de docentes en los Centros Educativos Públicos de Castilla La Mancha.
La situación de las plantillas de la que partimos en Castilla-La Mancha hace necesario un cambio de rumbo en la política educativa de la Región. Son más de 400 los maestros suprimidos, desplazados y provisionales actualmente en Castilla-La Mancha, a los que hay que añadir las 684 plazas de profesores amortizadas en los centros de enseñanzas medias.
Pues bien, para este próximo curso 2016/17, la propuesta de la Consejería de Educación, derivada de la inacción en la reversión de las medidas de recorte, es eliminar otras 83 plazas de maestros y 124 plazas de los centros de enseñanzas medias. Es una absoluta irresponsabilidad del actual Gobierno obviar la situación tan complicada de la que se parte y ahondar aún más en la misma, por lo que ANPE le exige que se negocien unas nuevas instrucciones que contemplen la reducción de horario lectivo y la disminución de la ratio.
Para ANPE es imprescindible la negociación de un Acuerdo de plantillas, que solucione los desajustes que hay entre la plantilla orgánica de los centros y la plantilla real de los mismos. Un acuerdo que revierta los efectos del incremento de horarios y de ratios ilegales sobre las plantillas que se mantienen desde 2012, y que fije unos nuevos criterios que no mantenga los recortes en la plantillas. Asimismo, la negociación debe ir acompañada de la definición de un modelo bilingüe previo a la modificación de las mismas.
Además, para los docentes suprimidos, amortizados, desplazados o provisionales, se debería negociar y establecer unos criterios para que no queden en situación de indefensión laboral.
ANPE considera que la merma de recursos humanos en los centros públicos, así como las supresiones, amortizaciones y desplazamientos de docentes funcionarios de carrera, unido a una menor contratación de interinos, suponen un retroceso en la calidad de la educación y afectan de manera directa a profesorado, alumnado y familias.