Unas 1.500 personas llegadas de toda la geografía española se han concentrado este mediodía en Madrid, ante la sede del PP en la calle Génova, -200 de ellos de Castilla-La Mancha-, para protestar contra el atropello al empleo público en el Grupo Tragsa y para exigir la readmisión de los 555 trabajadores despedidos. En las Islas Canarias y en Baleares también se han convocado concentraciones y manifestaciones.
Los trabajadores, que han permanecido ante la sede del PP en Génova durante dos horas, portaban grandes pancartas en las que podía leerse “Readmisión de los despedidos”, “No al despido colectivo en Tragsa, hay soluciones” o “Defiende tus derechos, no te calles”.
Con el expediente de regulación de empleo del Grupo Tragsa, el mayor aplicado en una empresa pública en nuestro país, se han ejecutado en el país un total de 555 despidos de los 1.336 previstos inicialmente por la empresa, lo que supone un 41,54% de las extinciones proyectadas en 2013. En Castilla-La Mancha se ha despedido a 47 trabajadores, 31 de Tragsa y 16 de Tragsatec. Despidos que la empresa comenzó a ejecutar el pasado 30 de diciembre “con nocturnidad y alevosía” mediante el envío de un burofax y dejando en la calle a trabajadores con una antigüedad de hasta 25 años en la empresa.
El pasado jueves 21 de enero, fruto de las movilizaciones de los trabajadores y sus sindicatos la empresa anunció la paralización del ERE en el Grupo Tragsa y lo hizo mediante una carta publicada al mediodía en la intranet del grupo empresarial. Un primer paso al que debe seguir la readmisión de los trabajadores despedidos y la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores para negociar un plan dirigido a salvaguardar e incluso incrementar el empleo en Tragsa y Tragsatec; aumentar la capacidad de producción de ambas empresas y mejorar la eficiencia organizativa del grupo.
CCOO y la Federación de Construcción y Servicios siempre hemos defendido que el ERE del Grupo Tragsa no tenía sentido y no estaba justificado. El ERE se presentó en 2013, fue inicialmente anulado por la Audiencia Nacional y posteriormente autorizado por el Tribunal Supremo. En el momento de la aplicación las condiciones no son las mismas que cuando se presentó. La empresa cerró 2015 con 3,5 millones de beneficios, ha contratado a 1.200 eventuales en el último año y ha aumentado el 60% de su producción. Además, el Grupo Tragsa cuenta con unas reservas voluntarias de 261 millones de euros, y tiene pendientes de cobro 467 millones de euros que le adeudan distintas administraciones públicas.