Ante las declaraciones realizadas por la Consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, no podemos por más que salir a desmentir parte de los datos ofrecidos en relación a la situación de la dependencia de la región.
Estamos de acuerdo, y nos congratulamos por ello que hay más de 2.000 dependientes más atendidos (2.091) que en la anterior legislatura; aunque le recordamos que tenemos todavía a 26.517 personas con derecho reconocido que aún no reciben servicio, lo que conocemos como “limbo de la dependencia”.
Sobre las prestaciones de cuidados en el entorno familiar discrepamos totalmente. Los dependientes que tenían esta prestación al inicio de esta legislatura eran 17.008, y en estos momentos son 15.565; por lo que la reducción ha sido de 1.443, y no de 753 como ella dijo, casi el doble. También observamos que no se ha concedido ni una sola prestación de este tipo en el transcurso de estos seis meses de legislatura (reconocido con datos por la propia consejera). El actual Ejecutivo sigue llevando a cabo con esta prestación la misma táctica destructiva que el anterior Gobierno del Partido Popular.
También le recordamos que fue nuestra plataforma quien llevó ante el TSJCM la anterior Orden de Dependencia, siendo declarada nula de pleno derecho y condenando en costas al anterior Ejecutivo, y que esta ilegalidad cometida por el anterior gobierno les obliga a reparar a miles de dependientes afectados, y que de momento, no se han puesto a ello.
Con respecto a la nueva Orden de Dependencia aprobada ayer en Consejo de Gobierno, nuestra Plataforma considera insuficientes las incompatibilidades eliminadas, ya que éstas se reducen a la ayuda a domicilio y a la atención residencial por descanso o formación del cuidador; no entendemos que un niño gran dependiente que reciba una prestación de cuidados en el entorno familiar no pueda optar a una prestación vinculada al servicio (por ejemplo) para recibir terapias.
Tampoco nos gusta el que no se haya eliminado la excepcionalidad de esta prestación económica, ya que creemos que debe ser considerada como una prestación más dentro de la cartera de servicios. La consejera se comprometió con nosotros y públicamente a considerar como excepcional el caso de los menores y las personas en situación de dependencia que viven en zonas rurales, pero lo cierto es que no aparece recogido en la Orden aprobada ayer. Lo escrito es lo que queda, y las palabras al final, se las lleva el viento.