A lo largo de toda la presente campaña olivarera se han producido, y aún se continúan produciendo, robos de la cosecha con tal frecuencia que los agricultores, presas del desánimo ante la reiteración con la que son víctimas de estos hechos, desisten incluso, contra todo lo aconsejable, de interponer las oportunas denuncias.
La organización se ha dirigido tanto al Delegado del Gobierno, como a la Consejería de Agricultura para insistir en que hay que adoptar medidas antes de que se repitan en nuestra región incidentes entre delincuentes y agricultores, al igual que se están produciendo en otras zonas, con consecuencias graves que haya que lamentar.
La sensación de inseguridad e indefensión que viven los agricultores desde hace años no se alivia en absoluto con las frecuentes informaciones acerca del descenso en el número de robos que las administraciones difunden a través de los medios. Por eso Unión de Uniones pide a los agricultores que denuncien todos los hechos de los que son víctimas, porque los poderes públicos no se ven impelidos a actuar con contundencia si tienen la impresión de que el problema no existe o se está reduciendo.
La organización ha pedido reunirse con del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha para conocer de primera mano las medidas que se han adoptado durante la presente campaña y para pedir que se intensifique la vigilancia en el campo, en el transporte de aceitunas y en los puntos de compra-venta, así como que se estudie un sistema simplificado de denuncias que facilite al agricultor dar parte de los hechos de manera sencilla y rápida.
Igualmente Unión de Uniones ha pedido al Consejero de Agricultura que estudie la conveniencia de establecer un sistema de trazabilidad para las aceitunas entregadas que permita identificar al explotador y la explotación de procedencia, así como los rendimientos. La organización no es partidaria de aumentar la burocracia a los agricultores, pero en tanto en cuanto no se ponga freno a este tipo de robos está convencida de que sería una medida que la mayoría de los agricultores estarían dispuestos a asumir si con ello se contribuye a una mayor seguridad para sus producciones. Para que este sistema tuviera efectividad sería necesario que se impusiera a nivel estatal, por lo que la Unión de Uniones ha pedido a la Consejería que traslade al Ministerio la oportunidad de la misma y se estudie a futuro.