El pasado lunes, en el marco de las negociaciones sobre los presupuestos regionales, mantuvimos una reunión con representantes del Gobierno regional, del grupo parlamentario socialista y de la Mesa de la función pública para abordar la cuestión de la recuperación de derechos laborales del colectivo y su reflejo en los presupuestos. El propósito de la reunión, auspiciada por Podemos, era facilitar un acuerdo que contase con el máximo consenso. Desafortunadamente, la propuesta del Gobierno no fue capaz de concitar el respaldo de las organizaciones sindicales y fue rechazada de forma unánime.
Ante esta situación, desde Podemos queremos volver a contribuir a que las partes se reúnan. Queremos dar un nuevo impulso al diálogo social para lograr un acuerdo y seguir avanzando en la pronta presentación y aprobación de unos presupuestos esenciales para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Con este propósito, formulamos una propuesta de acuerdo en torno a tres puntos básicos que reflejan tanto medidas firmadas en el Acuerdo de investidura como compromisos electorales y programáticos del Partido Socialista.
El primer punto de la propuesta de acuerdo pasa por la consolidación del empleo, y la creación de empleo neto, en los servicios públicos prioritarios. Debemos garantizar derechos sociales básicos y atender necesidades urgentes de la ciudadanía, fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales. La convocatoria de plazas anunciada por el Presidente Emiliano García-Page para consolidar empleo en la educación, el SESCAM y la Administración Pública es una medida positiva y necesaria, pero no suficiente. Para reducir las listas de espera en la sanidad pública sin aumentar las derivaciones a la privada, para disminuir las ratios de alumnado por clase y mejorar la calidad de la educación pública y para responder adecuadamente a la situación de emergencia social, es imprescindible la creación de empleo neto en los sistemas públicos de sanidad, educación y servicios sociales. En este sentido, recordamos que el acuerdo de investidura contempla, por ejemplo, la contratación durante el primer año de Gobierno de 1.000 nuevos profesionales en la sanidad pública (apartado 5.4 del acuerdo de investidura).
Un segundo punto de la propuesta de acuerdo es el compromiso por parte del Gobierno de elaborar un plan de legislatura para la reversión de privatizaciones y externalizaciones y la recuperación de empleo y servicios públicos. Este compromiso se establece igualmente en el acuerdo de investidura, donde también se indica que se negociará “con los sindicatos para recuperar de forma paulatina el empleo público destruido por las privatizaciones injustificadas, especialmente el relacionado con los servicios públicos de Educación y Sanidad. Nosotros hemos dicho que preferimos un acuerdo de todos a la imposición de unos pocos. Por ello, ell diálogo social debe demostrarse en la práctica una herramienta eficaz para avanzar en el cumplimiento de compromisos, asumiendo plazos y objetivos concretos acordados con los agentes sociales.
El último punto para una propuesta de acuerdo es la recuperación de derechos y condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos. Pensamos que la calidad de los servicios públicos prestados a la ciudadanía está también ligada a la dignificación de las condiciones laborales de las empleadas y empleados públicos, un colectivo que sufrió un especial castigo e intento de desprestigio durante la anterior legislatura. Por eso es imprescindible llegar a un acuerdo sensato y asumible por todas las partes, apelando a la responsabilidad de una recuperación a lo largo de la legislatura que alcance a todas y todos los ciudadanos.
Apelamos, por tanto, a la responsabilidad del Gobierno para cumplir con los compromisos asumidos y le instamos a tomar en consideración esta propuesta para que en la próxima reunión que mantengamos con los sindicatos representativos de la función pública podamos lograr un acuerdo resolutivo y de consenso.