La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más representativo en la Universidad de Castilla-La Mancha(UCLM) critica la nueva estructura 3+2 porque empeora la calidad docente, expulsará al alumnado con menor poder adquisitivo y abre las puertas a nuevos recortes de profesorado universitario.
Diferentes universidades españolas han solicitado impartir durante el próximo curso 2016-2017 grados de tres años. amparándose en el conocido como decreto 3+2 aprobado a principios del pasado año por el ex ministro Wert.
En concreto son tres universidades públicas catalanas (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Oberta de Catalunya y Universitat de Barcelona) y siete universidades privadas (Alfonso X, Antonio de Nebrija, Católica de San Antonio, Europea de Madrid, Isabel I de Castilla, Europea Miguel de Cervantes e Internacional de La Rioja) las que están pendientes de implantar los nuevos grados.
Las universidades catalanas cumplirían el compromiso aprobado en la Conferencia de Rectores Universitarios de España (CRUE) que aceptaba introducir el próximo curso grados de tres años si correspondían a estudios completamente nuevos o impartidos en inglés.
Este hecho supone de facto iniciar la reforma de la estructura de los estudios universitarios (paso de los 240 créditos actuales a los nuevos 180 créditos) vigentes en España desde que en el 2009 se implantó el Plan Bolonia. Se inicia así la reforma de la estructura actual de 4+1al permitir ofertar un modelo de estudios universitarios de tres años de Grado y dos de Máster.
CSI·F critica que la nueva estructura 3+2 reducirá en un 25% los títulos de Grado, empeorando la calidad docente y abriendo las puertas a nuevos recortes de profesorado. Además, permite una acreditación menos objetiva y sin demostrar experiencia docente.
Estudios más caros
Por otro lado, el nuevo sistema encarecerá los estudios universitarios y expulsará al alumnado con menor poder adquisitivo. El sindicato recuerda que la presencia de las universidades privadas en los máster supera el 35%, mientras que en los grados es inferior al 10%.
CSI·F señala que el nuevo sistema –tal y como ha reconocido el Consejo de Estado- dificulta la homogeneización de los estudios, tanto en el propio país como a nivel internacional, al favorecer que un mismo título pueda tener duración diferente en una u otra universidad.
Por último, la reducción del número de créditos necesarios para finalizar los estudios de grado y la previsible pérdida de alumnos tendrá un impacto negativo en la financiación de las universidades públicas y generará beneficios a las universidades privadas.