Toledo · La Junta ha duplicado la superficie de la que se tiene que hacer responsable cada agente medioambiental durante las guardias de verano, lo que supone “una vuelta de tuerca más a los agentes en una cuestión tan delicada como la lucha contra los incendios forestales” “A las puertas del inicio de la campaña de incendios forestales, la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales ha impuesto cambios en la prestación de servicios de guardia de incendios de los agentes medioambientales que repercute en dos cuestiones fundamentales, la seguridad y la eficacia”, denuncia Fernando navas, coordinador de AAMM de la FSC-CCOO CLM.
El dispositivo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, está dividido en ‘zonas de incendios’, que suelen abarcar varios términos municipales y en cada una de las cuales prestan servicio un agente medioambiental y las brigadas de extinción, explica Navas
“Lo que ahora pretende la Administración es que los agentes medioambientales, durante la prestación de la guardia de incendios, se hagan cargo y responsables de los incendios que se produzcan en dos de esas zonas, mermando por tanto la eficacia del dispositivo y la seguridad del operativo y de los trabajadores”
“El caso más flagrante se da en la demarcación de Belvís de La Jara, donde este verano, durante los meses de junio y septiembre, en época de alto riesgo de incendios forestales, se obliga a los Agentes Medioambientales a realizar guardias con zonas dobles, lo que se traduce en doble de superficie, doble de medios de extinción a su cargo, doble responsabilidad, doble probabilidad de atender un siniestro por incendio forestal, doble tiempo de respuesta o tiempo de llegada a un incendio y por tanto más probabilidad de que el incendio se convierta en un Gran Incendio Forestal (GIF)”
“Lo único que no se dobla en este cambio de las condiciones de trabajo es la compensación que se deriva por la prestación de guardia de incendios”, subraya Navas.
“Con esta maniobra, la Administración ‘burla’ la norma que regula las gratificaciones de incendios forestales en el apartado de agentes medioambientales (pues no afecta a ningún otro colectivo de la Administración Pública), siendo este un componente claramente discriminatorio de los afectados respecto al resto de funcionarios públicos, por tener que realizar y asumir el doble de responsabilidad y trabajo por el mismo precio”
“La dirección general está anteponiendo los criterios de recorte económico a la seguridad de los trabajadores”, recalca Navas, que denuncia que “esta forma de actuar, sin previa negociación ni acuerdo con los trabajadores afectados supone una agresión más a este colectivo; que, aun a sabiendas de lo ilegal e injusto de la medida, antes de llegar a denunciarlo ha propuesto varias alternativas consensuadas por todos los afectados, sin llegar la Administración a tenerlas en cuenta.”
“La medida implantada por la Administración provoca una merma en la eficacia y seguridad del dispositivo y el ahorro económico para la Administración se logra a costa de doblar el esfuerzo de los agentes medioambientales”, concluye Navas.