Toledo · Delegaciones de CCOO y UGT, encabezadas por sus secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han presentado esta mañana en el Congreso, -previamente a su entrega en la junta electoral-, las 700.000 firmas recogidas para que el Parlamento tome en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos para aquellas personas en desempleo que no tienen acceso a ningún tipo de prestación. En nuestra región, CCOO de Castilla-La Mancha ha recabado más de 40.000 firmas.
Cerca de cinco millones de personas están en desempleo en el país, donde la tasa de cobertura no alcanza el 55% de las y los desempleados, más de dos millones de personas no perciben ningún tipo de prestación y seis millones de personas viven en la pobreza extrema.
En la región tenemos más de 250.000 personas en paro, una tasa de desempleo del 25,45%, una tasa de cobertura por desempleo del 46,74%, cerca de 128.000 personas no perciben prestaciones y un 36,7% de población (8 puntos por encima de la media nacional), esto es, 754.149 personas que están en riesgo de pobreza y de exclusión social. Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión.
“La insostenible e insoportable situación de falta de empleo y de protección social que sufren tantas y tantas personas en el país y en nuestra región requiere reforzar la protección social y establecer una Prestación de Ingresos Mínimos que permita a estas personas, que con disponibilidad y ganas de encontrar un trabajo no lo encuentran porque no lo hay, unos recursos económicos mínimos para atender sus necesidades más esenciales y las de las personas a su cargo”, afirma el secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil.
“Para CCOO lo primero es el empleo, un empleo de calidad y con derechos, pero cuando no hay empleo tiene que haber una prestación que permita vivir a la gente con cierta dignidad y preservar sus derechos de ciudadanía. No se puede dejar a estas personas en la estacada, víctimas de la crisis y de las políticas de austeridad y recortes de los últimos años, los gobiernos tienen que tener voluntad política para atenderlas”, señala Gil.
CCOO confía en que esta ILP salga adelante y se convierta en una ley que proteja a las personas que peor lo pasan como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis. Se trata de poner en marcha un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social -financiado vía Presupuestos Generales del Estado- que permita a sus beneficiarios tener una cuantía de 426 euros, a aumentar en función del número de componentes de la unidad familiar.
