Toledo · La diputada popular y portavoz de Agricultura en las Cortes de Castilla La Mancha, Lola Merino, ha acusado hoy al gobierno regional de burlarse de los cazadores y ecologistas de la región al remitir borradores distintos sobre el mismo Anteproyecto de ley de caza, en función del colectivo al que va dirigido. En este sentido, Merino ha apuntado en rueda de prensa que en la página web de la Junta de Comunidades se publicó el pasado 4 de agosto un borrador de esta ley de caza que es el que se somete a información pública, pero que no coincide con el remitido a las organizaciones cinegéticas y que tampoco es el mismo que se remitió a las organizaciones ecologistas.
Según Merino, el ejecutivo autonómico “ lleva más de un año con este anteproyecto de ley a pesar de que anunció que estaría publicada en febrero de 2016, pero lo cierto es que no ha tenido capacidad de encontrar consenso entre los cazadores y los ecologistas”. Sin embargo, “ha anunciado varias veces que existe consenso entre ambas partes pero las organizaciones de cazadores y la plataforma de ecologistas han tenido que salir para desmentirlo”.
Además, la diputada popular ha indicado que “esta modificación de la ley de caza es innecesaria ya que Cospedal hizo una nueva ley de caza porque la que había era de 1993 y era necesario adaptar esta actividad a los nuevos tiempos”. “Esta modificación –ha proseguido- se llevó a cabo en marzo de 2015 y no ha dado tiempo ni a aplicar ni a hacer un reglamento y no hay reclamaciones ni denuncias sociales, pero Page ha propuesto una modificación de esta legislación”.
“Viendo los distintos borradores de la ley de caza queda claro que los que realmente salen perjudicados son los agricultores, que son el mayor sector económico de la región”, debido a que “hasta ahora, los agricultores tenían un plan técnico de caza a través del que se controlaban los daños que distintas especies pueden ocasionar a esa explotación agraria; dicho daño estaba recogido en el plan técnico de caza, pero en estos borradores, “los controles se extraen de los planes técnicos de caza y se obliga a los agricultores a que cada vez que haya un daño tengan que remitirlo al servicio provincial de Agricultura, a hacer una denuncia, a pedir un permiso y a establecer un informe”, ha apuntado Merino. “Esto supondrá que cada vez que haya daños, la Administración pública se llenará de miles de tramites de expedientes y no podrá asumir todo, con lo que el perjudicado será el agricultor”, ha añadido.
Asimismo, ha indicado que los diversos borradores de la ley de caza tienen en común que se limitan las modalidades de caza y los calibres, pero habrá que saber qué borrador es el que tiene el Gobierno regional encima de la mesa, porque de momento se está burlando de los ecologistas, los cazadores y del medio rural”.
