Toledo · El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha calificado de “sorprendente” que el Gobierno central quiera declarar de Interés General el ATC en Villar de Cañas, después de que se haya conocido que el Ministerio de Industria sitúa a Villar de Cañas como el cuarto emplazamiento en el informe técnico de idoneidad. “Si quieren saltarse la normativa tienen que demostrar que no hay otro lugar más idóneo en España y lo van a tener muy difícil”, ha asegurado Martínez Arroyo y ha advertido de que “como autoridad ambiental, desde la Consejería, estaremos vigilantes y trabajaremos con la Comisión Europea para que no salten la normativa europea medioambiental”.
El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene su posición de garantizar la protección de espacio natural, “hemos dicho, en reiteradas ocasiones, que hay que proteger ese espacio, no solo por la fauna, sino también por la vegetación exclusiva de esa zona en terrenos yesosos” que son, precisamente, “los que hacen que no sea el lugar idóneo para la construcción de un cementerio nuclear –según sus propios informes- y sí para la protección del medio ambiente”.
El titular de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha ha manifestado que la entrada de España en la Unión Europea obliga a nuestro país a cumplir con la legislación comunitaria, en este caso en materia de conservación de especies y espacios naturales, siendo la Red Natura 2000, con sus ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) y ZEC (Zonas de Especial Conservación) las denominaciones de las estrategias de conservación de la biodiversidad. En este caso, la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de El Hito en Cuenca en la Red Natura 2000.
Planes de Gestión
En este sentido, el consejero ha informado de que mañana jueves 5 de enero acaba el período de información pública para la elaboración de los Planes de Gestión de las ocho Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Castilla-La Mancha y así, “poder cumplir con los compromisos” y la normativa Comunitaria, “dado que en los últimos años no se ha estado haciendo” ya que ha recordado que el Gobierno anterior tenía la obligación de hacerlo y no lo hizo, lo que ha derivado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha que “nos conmina a elaborarlos”.
En cualquier caso, Martínez Arroyo ha aclarado que, independientemente de la sentencia del Tribunal, “este Gobierno, desde el primer momento, siempre ha tenido clara la necesidad de elaborar los Planes de Gestión, para dar seguridad jurídica a los agricultores de esta región, a los habitantes de nuestro territorio, de nuestros pueblos”. Y ha calificado de “lamentable” que hayan estado años con una inseguridad jurídica que es “responsabilidad directa de los que se sentaron a esta mesa en esta Consejería”. Y ha criticado que “no puede ser que desde el año 2012 hasta el año 2015 se pusieran más de 2.000 hectáreas de viñedo en zona ZEPA, sin el informe ambiental preceptivo”, esto lo han dicho los Tribunales y puede tener repercusiones directas sobre estas plantaciones, y “no queremos que esto vuelva a suceder por no tener los Planes de Gestión”, ha insistido.
De todos modos, Martinez Arroyo ha explicado que estos Planes de Gestión en las ZEPA afectan solo al 4 por ciento de la tierra de los agricultores de Castilla-La Mancha. Son 200.000 hectáreas, sobre una superficie de 4’5 millones de hectáreas. Aún así, el Gobierno regional quiere dar respuesta a este asunto generado años anteriores para que “los agricultores no vean los Planes de Gestión como un problema sino, todo lo contrario, un futuro de rentabilidad para sus explotaciones”.
Beneficios para los agricultores
El Gobierno regional pondrá a disposición de los agricultores ayudas específicas por estar incluidos en una zona protegida donde, además, sus productos agroalimentarios tendrán mayor valor en el mercado. Y para ello, se va a poner en marcha un Programa de Captación Voluntaria de Agricultores, para llegar a 20.000 hectáreas con los que quieran acogerse a un compromiso obligatorio. “Vamos a seleccionar un espacio de la ZEPA en el cual va a ser obligatorio cumplir una serie de compromisos, pero la vamos a elegir con los agricultores” dotándoles con una ayuda de 23 millones de euros. Un experimento que ya ha comenzado a través de un proyecto medioambiental con la Fundación Global Nature en la que los agricultores participantes, en este caso, en los Humedales de La Mancha, aumentan la rentabilidad de sus explotaciones por estar en zona protegida.
En total, el propio consejero y los directores generales han debatido con más de mil agricultores de Castilla-La Mancha a los que se les han lanzado un mensaje de tranquilidad porque lo único que quiere este Gobierno es garantizar su seguridad jurídica y, “ellos lo saben”. La próxima semana, Martínez Arroyo se reunirá en Tomelloso con todos los alcaldes, concejales y presidentes de cooperativas que se quieran incorporar, como estaba previsto, “cumpliendo con el compromiso que adquirió el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page en las Cortes en el mes de diciembre”.
