Valdepeñas · Fue el primer consistorio de España en defender los intereses de sus ciudadanos frente a los abusos de las cláusulas suelo con la creación de un gabinete jurídico que se puso en marcha en abril del 2014, desde entonces el Ayuntamiento de Valdepeñas ha atendido a 389 familias. “Estamos hablando de unos 1.000 vecinos, afectados por estas polémicas cláusulas, que han recibido orientación y defensa en sus intereses ante las entidades bancarias”, según ha explicado hoy el Teniente de alcalde de Régimen Interior, Francisco Delgado, que en rueda de prensa ha hecho balance de esta medida pionera puesta en marcha por el ayuntamiento.
“Desde entonces y hasta ahora como resultado de esas gestiones profesionales se han dictado 23 sentencias estimatorias de las reclamaciones, anulándose la cláusula suelo, existen 47 litigios pendientes de resolución, y se realizaron gestiones por profesionales ante las entidades bancarias por el resto de afectados consiguiendo la regularización de esas cláusulas”, ha precisado.
En este sentido indicó que tras iniciar esta medida una sentencia del 2015 del Tribunal Supremo que ampliaba el carácter retroactivo de la constitución de la hipoteca más allá del año 2013 también ha cambiado la situación de estas reclamaciones, por lo que la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Valdepeñas (OMIC) comenzó a reunir nuevas reclamaciones de lo indebidamente cobrado por las entidades bancarias.
Del mismo modo apuntaba que la OMIC ha tramitado hasta el momento unas 200 escrituras que solicitan la devolución de los costes de escritura en base a la sentencia del Tribulan Europeo de Justicia, que también apunta que es nula la cláusula relativa a los gastos de constitución de las hipotecas, que se repercutía en el adquiriente del inmueble, por lo que éste tiene derecho a la devolución.
Plusvalías
Por último, el Teniente de alcalde de Régimen Interior ha adelantado que el Consistorio ya está trabajando en otra resolución, en este caso del Tribunal Constitucional referente a las plusvalías que cobran los Ayuntamientos por la venta de inmuebles, por lo que en base a esta sentencia “existe una inconstitucionalidad de la ley de este impuesto que grava el incremento de la trasmisión de un bien, aunque no siempre haya beneficio para el vendedor, por lo que existe una carga tributaria para el ciudadano”.
Por este motivo anunciaba que “con motivo de esta reciente sentencia el equipo de Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para paliar en lo posible y cuanto antes los efectos negativos contra los vecinos y contribuyentes, en este sentido se ha girado a través de la Federación Española de Municipios y Provincias una consulta, a la dirección general de Tribunos, para que emita un informe relativo a los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de este tributo”.
