UGT Castilla-La Mancha consigue en los tribunales la recuperación salarial de los trabajadores de residencias universitarias y escolares

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Toledo · Según Luis Manuel Monforte, Secretario Regional para el Sector Autonómico de La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, durante los años 2013 y 2014 en Castilla-La Mancha se cerraron o privatizaron las residencias universitarias y la mayoría de residencias escolares (Residencia Escolar “IES Juan de Valdés”, residencias universitarias “María de Molina”, “Juan Giménez Aguilar”, “Alonso de Ojeda” y “Bartolomé de Cossío”, en la provincia de Cuenca, las residencias universitarias de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y las residencias escolares de los centros “Nuestra Señora de las Nieves” de Albacete, Centro de Educación Especial “Cruz de Mayo” de Hellín y del I.E.S. “Virgen de las Cruces” de Daimiel), lo que derivó en el cambio de puesto de trabajo y condiciones laborales de unos 207 empleados públicos (localidad de destino, centro de destino, tipo de jornada laboral y distribución de la jornada laboral), algunos de los cuales no recibieron por aquella administración la compensación legalmente establecida.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, según Monforte, ha estado trabajando desde entonces con sus servicios jurídicos para defender los derechos de estos trabajadores, y ha sido recientemente cuando este sindicato ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha establezca de forma clara y rotunda el criterio a seguir, determinando que los empleados públicos afectados por planes de recursos humanos deben seguir percibiendo sus retribuciones íntegras, independientemente de que estas sean fijas o variables. Sentencias (01604/2016, 01590/2016 y 01578/2016).

Según el sindicato las últimas sentencias de los juzgados de lo social están reproduciendo literalmente la doctrina expresada por el TSJ-CLM (sentencias 116/2017, 117/2017, 119/2017, 121/2017), lo cual ha motivado a UGT a entablar negociaciones con la Administración Regional para evitar que los trabajadores y trabajadoras, al calor de las sentencias judiciales tengan la certeza de que tienen derecho a una recuperación salarial, y para ello deban iniciar procesos judiciales.

En lo que Monforte no ha dudado en calificar como “un gran gesto de buena voluntad por parte del gobierno castellano-manchego que los trabajadores agradecen y que pone fin a lo que para algunos ha supuesto un calvario de años”, se materializa el éxito de años de trabajo de esta organización defendiendo los derechos de estos empleados públicos, gracias a que el gobierno regional acepta actuar de oficio reparando los derechos económicos de todos los afectados, independientemente de que hubieran iniciado o no procesos judiciales, independientemente del estado de tramitación de los mismos, independientemente de la causa que motivara el detrimento económico.

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Concluye Monforte, “una reparación de derechos que va mucho más allá de la gran repercusión que hoy tiene para los trabajadores y trabajadoras afectados, ya que marca el camino a los gestores de las administraciones públicas en materia de gestión de recursos humanos, y que nos anima a seguir defendiendo las condiciones de trabajo y derechos de nuestros compañeros, por muchos sacrificios que haya que hacer durante estos tediosos procedimientos”.

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