Redacción · La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla- La Mancha, ante los últimos datos del mes de diciembre publicados por el Imserso , relativos al numero de personas dependientes por comunidades autónomas, denuncia que los familiares siguen siendo los principales damnificados por la política que se esta aplicando en materia de dependencia, ya que solo en los dos últimos meses se han perdido 346 prestaciones a familiares que cuidan a personas dependientes.
Según aseguran en un comunicado hecho público hoy es muy significativo muy significativo que de las 17 Comunidades Autónomas de nuestro país, la de Castilla- La Mancha haya acaparado la mitad de la pérdida de estas prestaciones. Así, afirman que “la política de ataque a los cuidadores familiares es una continuación de la que se llevó a cabo por parte del anterior ejecutivo. En lo que llevamos de esta nueva legislatura 1.443 dependientes, la mayoría de ellos grandes dependientes, han sido despojados de esta prestación”.
Consideran que la situación es inadmisible para los cuidadores y vulnera el derecho de las personas en situación de dependencia del derecho que les asiste a ser atendidos por su familiares cercanos en su entorno familiar, si así lo deciden. Actualmente 26.517 personas en situación de dependencia continúan en el llamado “limbo” de la dependencia, es decir, siguen sin recibir una prestación ya reconocida
La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en C- LM también quiere poner sobre la mesa el incumplimiento por parte de la Consejería de Bienestar Social de abrir un periodo de reclamaciones sobre las resoluciones que se dictaron por parte del anterior Gobierno, todas ellas bajo una legislación que el Tribunal Superior de Justicia de C- LM declaró nula de pleno derecho al amparo del recurso que presentó la asociación. No es entendible que se obligue a este colectivo a acudir a los tribunales de justicia para reclamar una reparación en sus prestaciones o servicios que nunca.
Advierten de que si en el plazo de un mes no se abre el plazo de reclamaciones, la Plataforma pondrá a disposición de todos los afectados sus servicios jurídicos para que los tribunales de justicia restituyan los derechos que les corresponden. Cabe señalar que hay más de 16.000 afectados que bien pudieran colapsar los tribunales, además del consiguiente perjuicio económico que causaría al erario público la condena en costas que con seguridad traería consigo.
Por último afirman entender que la situación por la que atraviesa la región en materia de Dependencia viene lastrada por las políticas antisociales del anterior Ejecutivo, pero la “herencia recibida” no será excusa por nuestra su para exigir la restitución de los derechos hurtados.
