Redacción · Rafa Mayoral, diputado en el Congreso y Secretario de Movimientos Sociales y Relación con la Sociedad de Podemos, ha participado esta tarde en la presentación de la Ley25 de Emergencia Social en Toledo. A su lado han estado la diputada en el Congreso, Gloria Elizo, la senadora Virginia Felipe y los diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, José García Molina y David Llorente. Las presentaciones y la coordinación del acto han corrido a cargo de Alfredo Díaz-Cardiel, Secretario General de Podemos en Toledo.
Con este evento, la formación morada ha querido trasladar al conjunto de la ciudadanía las principales líneas de actuación recogidas en la Ley25. El acto de hoy en Toledo inicia una campaña de presentación de la ley con la que Podemos busca construir un espacio de información y debate que sirva para compartir las posturas defendidas en la Ley25 con el conjunto de la sociedad.
La Ley25 de Emergencia Social recibe su nombre del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se encuentra estructurada en torno a tres ejes. El primero se centra en la necesidad de garantizar una vivienda digna o, en su caso, una alternativa habitacional digna, en particular en los casos de violencia de género. Otro de los aspectos centrales de la Ley25 alude a poner fin a la pobreza farmacológica, haciendo hincapié en el derecho a la sanidad de los menores y en el acceso universal a los medicamentos. El último punto se refiere a la garantía del suministro energético, mediante cambios legales y una reestructuración de las condiciones y requisitos de acceso a las ayudas.
Ante un auditorio lleno, los ponentes han destacado los aspectos que consideran primordiales a la hora de recuperar los derechos sociales y el estado de bienestar. La senadora Virginia Felipe ha puesto el énfasis en los aspectos relativos a la dependencia, mientras que David Llorente se ha centrado en la “necesidad de reconocer los derechos humanos” en España, así como en “rescatar a las personas, antes que a las empresas”.
Por su parte, Gloria Elizo ha calificado las propuestas de la Ley25 como “absolutamente necesarias” y “urgentes”, ya que “tienen que ver con el empleo y el acceso a bienes y servicios básicos”. La diputada en el Congreso ha reivindicado la importancia para esta ley de “la existencia de actividad parlamentaria”, señalando como en la actual “situación de incertidumbre, España no puede esperar al desarrollo de estas medidas fundamentales”.
José García Molina, ha preferido hacer un repaso de los elementos en común entre el trabajo de Podemos Castilla-La Mancha y la Ley25. En este sentido, se ha referido al “exigente” acuerdo de investidura vigente en la región. Siguiendo esa línea, García Molina ha destacado la puesta en marcha el pasado mes del plan de rescate ciudadano para evitar que nadie “pasara frío este invierno”, gracias a un acuerdo con las compañías energéticas y un programa de ayudas que garantizan el acceso a los servicios básicos.
Según el propio García Molina, “una de las cuestiones más importantes de la reforma del estatuto de autonomía es el blindaje de los derechos sociales” y la elaboración de “un plan de lucha contra la pobreza”. Abundando en este aspecto, Rafa Mayoral ha señalado la firme intención de Podemos para que, “desde el minuto uno quedara clara que la prioridad política” que defiende su formación es “la gente”.
Mayoral ha calificado la “pobreza” como “una violación de la Carta de Derechos Humanos” (de la ONU), ante la cual “existe la obligación institucional de poner todos los recursos para que esa violación cese.” Tanto García Molina como Mayoral han explicado que, si bien la “ley no llega hasta el fondo” de la cuestión, “abre el debate para hacer efectivo ese articulo 25 de la Declaración de Derechos Humanos”, a la par que garantiza unos mínimos básicos.
Refiriéndose a la vivienda, Mayoral ha apuntado cómo “una de cada cinco viviendas vacías de Europa está en España”, país que tiene “uno de los índices más altos de desahucios” del continente. El Secretario de Movimientos Sociales de Podemos ha concluido su intervención afirmando que en nuestro país “hay 700.000 hogares que viven en el alambre. Es una situación de emergencia. Y por ello hacen falta medidas inmediatas.”
Tras estas intervenciones ha comenzado el turno de preguntas en el que los asistentes expresado sus ideas y preocupaciones de cara a las necesidades y la aplicación de la Ley25 en la región.