Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha mantenido una reunión de trabajo con el Director General de Desarrollo Rural, Nicasio Peláez para tratar el cierre del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2007/2013 y las expectativas del correspondiente al período de programación 2014/2020, que ahora se abre. Los datos de ejecución del PDR 07/13 en nuestra Comunidad Autónoma, sin ser los peores del Estado, reflejan un grado de cumplimiento en el entorno 96 %, lo que implica que se han dejado de aprovechar más de 40 millones de euros de fondos comunitarios que, en principio, estaban reservados para nuestra región. Ello representa que aproximadamente se han dejado de invertir en el sector agrario y el medio rural de la región, y en este pasado período, del orden de entre 100 y 120 millones de euros de recursos públicos considerando las aportaciones correspondientes de la propia Junta de Comunidades y de la Administración General del Estado.
La Unión de Uniones ha enfatizado que esta pérdida de fondos no puede volver a suceder para el nuevo PDR 2014/2020. Nicasio Peláez subrayó el escaso margen de maniobra que ha tenido el nuevo equipo de Agricultura para corregir una ejecución que estaba en el entorno del 78 % cuando asumieron la responsabilidad de Gobierno y que, pese a ello, se logro reconducir en buena parte la situación. Igualmente el Director General ha puesto de manifiesto el firme compromiso de la Consejería de poner medios para que la pérdida de fondos no se repita en el futuro. Entre dichos medios, la organización ha reclamado que Agricultura establezca con la Hacienda Regional la planificación financiera que asegure en los próximos ejercicios los recursos presupuestarios necesarios para poder consumir los 1.487 millones de euros que tiene previstos el nuevo programa rural.
La organización ha marcado al Director General sus prioridades de cara a la convocatoria de las diversas ayudas que se alimentan del PDR, poniendo el acento en la incorporación de jóvenes agricultores, regadíos, ayudas destinadas a zonas con limitaciones naturales (antiguas zonas de montaña y desfavorecidas) y las dirigidas a explotaciones agrarias en Red Natura 2000. En la línea de agricultura ecológica, Unión de Uniones ha pedido a la Dirección General que se evalúe el impacto que tendría recortar las ayudas sobre las explotaciones que actualmente son ecológicas, ya que tendría poco sentido impulsar la conversión a ecológico, pero dejarse en el camino a quienes ya han apostado por este modelo en los últimos años. Igualmente la organización ha pedido una especial atención a la ganadería extensiva de la región, sobre todo en determinadas zonas, por su papel como fijador de población y en la prevención de incendios forestales.
En el apartado relacionado con el apoyo al tejido agroalimentario de la región, tanto en promoción como en mejora de la comercialización, la organización ha trasladado a la Dirección General que cualquier apoyo público en tal sentido tiene que condicionarse a la exigencia de que los beneficiarios (industria transformadora o comercializadora) muestren su compromiso de contribuir a un reparto equilibrado del valor generado a lo largo de la cadena, de forma que la mejora de la comercialización repercuta también en los precios pagados a los agricultores y ganaderos por sus productos.
Nicasio Peláez, ha manifestado la mejor disposición de su Dirección General a mantener una relación fluida y a valorar las aportaciones de la organización, cuyas prioridades, por otro lado, no se distancian de las de la propia Consejería en algunas cuestiones fundamentales como las de priorizar en las medidas destinadas a las explotaciones a favor de aquellas cuyos titulares sean agricultores y ganaderos que ejercen la actividad de forma profesional.
(En la fotografía, de derecha a izquierda, Jorge Rogriguez (Secretario General de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha; Nicasio Peláez (Director General de Desarrollo Rural); Jose Modesto Lorenzo (Vicesecretario de la organización) y José Luís Saiz y Andrés Garcia (Comisión Ejecutiva de la organización)