Desde que se han iniciado los trámites para la suspensión de la aplicación de la Ley que regula la jornada de 35 horas para el personal empleado público de Castilla-La Mancha se están discutiendo las intenciones del gobierno central y criticando su actuación, algo legítimo. Desde UGT entendemos que ya ha finalizado el tiempo para esta crítica de carácter político y es necesario trabajar en dos líneas, la primera buscar formulas para defender la ley ante el Tribunal Constitucional y evitar su futura anulación, pero dado que la suspensión ya ha sido anunciada, en segundo lugar es necesario centrarnos en buscar una solución para que 70.000 empleados y empleadas de la Administración Regional no sean nuevamente atacados y vean sus derechos lesionados.
La jornada de 37,5 horas ataca directamente la capacidad del personal empleado público de conciliar y obliga a la modificación de su jornada y de la organización de sus turnos de trabajo, el problema se extiende mucho mas allá; ya que al anular la norma quienes tengan regulada su jornada en computo anual como el caso del SESCAM o el Personal Laboral, tendrán dificultades técnicas para introducir este aumento de jornada.
Ante esta situación es esencial dejar cuestionar la actitud del gobierno estatal y el componente político de esta decisión, ya que sería perder el tiempo. Nuestro objetivo debe centrarse en analizar la situación y buscar soluciones YA para salvaguardar a estos 70.000 empleadas y empleados públicos.
Para ello, desde UGT consideramos que se deben buscar formulas que por un lado garanticen el cumplimiento de esta medida y por otro permitan al personal de la administración preservar sus derechos y seguir en la senda de la creación de empleo.
Desde UGT nos mantenemos firmes en la postura; no vamos a tolerar que haya despidos; ya que por el contrario, quedan muchas contrataciones pendientes anunciadas por el Gobierno Regional y lucharemos para que se mantengan la actual jornada, complementando esta hasta alcanzar las 37,5 con otro tipo de formulas que nos permitan acatar la decisión del TC y al mismo tiempo dar solución a los 70.000 empleadas y empleados públicos.
Por estos motivos, desde UGT ponemos a disposición de la Administración un informe que ya fue remitido a la misma en noviembre del año pasado que por un lado, demuestra que una Ley de Presupuestos carece de capacidad para regular la naturaleza y régimen jurídico de los preceptos del llamado derecho de organización y las normas propias del régimen estatutario de la función pública y en la otra línea plantea alternativas a la actual que permitirían mantener la jornada de 35 horas. Junto con esta documentación les facilitaremos también un informe que en la búsqueda de formulas alternativas hemos elaborado, basándonos en la regulación que sobre este tema se ha hecho en otras administraciones y proponiendo soluciones al actual problema, que en caso de llevarse a cabo, permitiría el mantenimiento de la jornada de 35 sin incumplir la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional y la norma estatal que establece una jornada de 37,5 horas.
Por último entendemos que un Gobierno no debe ni puede permitirse crear problemas a las empleadas y empleados públicos, que además son garantes de la prestación de los servicios de las administraciones, sino que entendemos que el Gobierno debe solucionar sus problemas.