La Diputación ha invertido en ello menos de la mitad de los tres millones presupuestados, según José Manuel Caballero
Pablo Saiz de Quevedo · Ciudad Real El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha presentado esta mañana en la sede de la institución el balance del primer semestre del Plan de Emergencia Social 2016. Acompañado por la vicepresidenta primera, Jacinta Monroy, y por el jefe de Servicios Sociales, José Luis Requena, el presidente provincial ha explicado que el plan ha invertido 1.284.240 euros en ejecutar 8784 solicitudes de ayudas básicas, y 64.398 euros en la puesta en práctica de 617 solicitudes de ayuda excepcionales. Las poblaciones donde más solicitudes se recibieron fueron Ciudad Real, con 1.272 solicitudes; Puertollano, con 810; Tomelloso, con 702 ; Manzanares, con 400; Valdepeñas, con 342; Daimiel, con 326; Miguelturra, con 307; Bolaños, con 203; y Almadén, con 156.
Estas solicitudes de ayuda han servido para atender a un total de 5.734 familias, según los datos ofrecidos por Caballero, de las cuales 1.903 carecían de ingresos mensuales. De este modo, se ha logrado alcanzar a unas 23.000 personas en toda la provincia a través de este programa, del cual el presidente provincial subrayó que se realiza en estrecha colaboración con los ayuntamientos de las localidades en las que se aplica, y con la potestad para asignar las ayudas correspondiendo en su totalidad a los trabajadores sociales. Todo ello, ha remarcado, se ha llevado a cabo gastando menos de la mitad de los tres millones en los que se ha presupuestado el Plan en la presente edición.
Cada familia, ha recordado Caballero, puede solicitar un máximo de dos ayudas básicas por trimestre, las cuales sirven para hacerse con alimentos de primera necesidad o productos de aseo y limpieza, y una ayuda extraordinaria por el mismo período, la cual puede destinarse a vestido, calzado, medicinas, o gastos básicos de la vivienda (luz, agua, gas, etc.). Las ayudas se dan en forma de cheques canjeables por productos en tiendas adscritas al Plan, a las que se ofrece un pago inmediato por parte de la propia Diputación; de ese modo, se intenta evitar la posibilidad de uso fraudulento de estas ayudas, además de evitar que quienes las reciben se vean discriminados.
Herramienta útil
Para el vicepresidente de la Diputación provincial, el Plan de Emergencia Social, puesta en marcha en el segundo semestre de 2012 para paliar los efectos de la crisis, es “una herramienta muy útil” para los profesionales de los servicios sociales, ya que la estrecha coordinación con los Consistorios de la provincia y la absoluta discrecionalidad en la concesión de ayudas con la que cuentan los trabajadores sociales permite coordinarlas con otras ayudas en una estrategia de intervención social. Su carácter puntual, dirigido a atender una necesidad extrema en un momento concreto, busca además impedir que los receptores se vuelvan dependientes de estas ayudas. El Plan Extraordinario de Emergencia ha buscado además agilizar los trámites para la concesión de estas ayudas, siguiendo la filosofía de que “lo más negativo para la pobreza es la burocracia”.
Por último, Caballero ha destacado que la de Ciudad Real es la única Diputación de Castilla-La Mancha, y puede que del resto de España, en poner en práctica esta iniciativa: un programa que, ha asegurado, ya suscita interés en las provincias vecinas, el cual se ha materializado hace semanas en la visita de representantes de la Diputación de Albacete para conocer los detalles del Plan de Emergencia para llevar a cabo su propia versión.
