Toledo · La Consejería de Bienestar Social lleva dos legislaturas incumpliendo el artículo 41 del convenio colectivo del personal de la JCCM y utilizando de forma abusiva e indebida el artículo 12; y, como consecuencia, atentando contra los derechos de los trabajadores, despilfarrando dinero público y recibiendo reiteradas sentencias condenatorias por la “inadecuada planificación de los recursos humanos”. “Esta Consejería no deja de incurrir a diario en las mismas ilegalidades al menos desde 2012, parece una norma del departamento saltarse el convenio colectivo a la torera, independientemente de qué partido o que persona esté al frente”, denuncia Ramón González, responsable del Sector Autonómico de CCOO CLM.
La última sentencia, dictada el pasado 20 marzo por el juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara a demanda de Penélope Navas (CCOO), presidenta del Comité de Empresa de Bienestar Social en esa provincia, da la razón una vez más a los servicios jurídicos de CCOO y es tajante: “debo declarar y declaro que las medidas adoptadas por la Administración consistentes en modificaciones de horarios, turnos y libranzas del personal laboral contravienen el artículo 12.1.a) del convenio colectivo”
Los ‘hechos probados’ que fundamentan esta sentencia incluyen “hasta cinco denuncias del comité ante la Inspección de Trabajo” entre mayo de 2012 y diciembre de 2015, y las cinco respuestas de la Inspección constatando la veracidad de los hechos denunciados y requiriendo a la Administración a “adoptar las medidas organizativas necesarias a fin de evitar un uso abusivo del artículo 12 del convenio”.
El Gobierno, presidido entonces por Cospedal, hizo caso omiso de los requerimientos de la Inspección de julio y septiembre de 2012, agosto de 2014 y abril de 2015. Y respecto a la actuación del actual Gobierno, la misma sentencia señala que sólo en el año 2016, se impusieron en los tres centros dependientes de Bienestar Social de la provincia de Guadalajara 1.164 cambios de turno “aplicando el artículo 12.1 del convenio colectivo”. En 2015 (gobiernos sucesivos de PP y PSOE) se realizaron otros 1.286 cambios de turno.
Esta sentencia condenatoria se añade a otras similares que se vienen produciendo en los últimos años en otras provincias de la región, habitualmente a instancias de CCOO, sindicato que ostenta la presidencia de los comités de empresa de Bienestar Social en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
La consejería de Bienestar Social gestiona los centros asistenciales de la región en los que prestan servicio más de 1.700 trabajadores laborales (auxiliares sanitarios, personal de servicios domésticos, personal de cocinas, de mantenimiento, ordenanzas…). Se les aplica el VII convenio colectivo del Personal Laboral de la JCCM -ahora mismo está negociándose el VIII-, pero en su caso “se ha convertido en práctica habitual de la Administración incumplir dos artículos claves de este convenio: el 12 y el 46.”
“El artículo 12, como dice la magistrada del juzgado de lo Social de Guadalajara, no es que se incumpla: es que se hace de él un ‘uso abusivo’, de forma ilegítima y contraria a los derechos de los trabajadores y a las obligaciones de la Administración”, explica Penélope Navas.
El precepto en cuestión permite a la Administración modificar turnos, horarios, jornadas y libranzas ‘por necesidades del servicio’. “Pero ejecutar miles de cambios de turno cada año ‘por necesidades del servicio’ lo que prueba, como subraya la sentencia, es ‘la escasez de personal’, ‘la falta de contratación necesaria’ y la ‘inadecuada planificación de los recursos humanos’, todo lo cual la Administración trata de solventar abusando del personal disponible y obviando su derecho a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar”, denuncia Navas.
En cuanto al artículo 41.6, lo que dice es que los servicios que se prestan en los centros de Bienestar Social requieren la ‘cobertura urgente’ de cualquier plaza vacante o de cualquier baja que se produzca. “Pero la Administración hace caso omiso de esta obligación y, en vez de acudir a las bolsas de empleo (o incluso al SEPECAM, si fuera preciso) para cubrir las vacantes, prefiere seguir abusando de los cambios de turno de forma fraudulenta”
“La Administración se aprovecha de que trabajamos en centros asistenciales. Saben que no vamos a dejar sin cubrir servicios en la medida que podamos, porque trabajamos con el trato directo a personas mayores y no las vamos a dejar desatendidas”, explica Encarna Laguna, presidenta del Comité de Empresa de Bienestar Social en Toledo.
“Además de sobrecargarnos de trabajo -lo que a su vez provoca más bajas por IT debido a los sobreesfuerzos físicos que tenemos que realizar- esta manera de actuar de la Administración no sólo no implica ningún ahorro económico, sino que encarece los costes de personal en la prestación del servicio”, advierte Laguna.
Cada vez que la Administración reclama a uno de sus trabajadores que ‘por necesidades del servicio’ haga la tarea correspondiente a una plaza vacante, tiene que compensar las horas extras realizadas con el 75% del precio de la hora ordinaria, más un día de libranza.
“Esto sale más caro que contratar sustitutos para cubrir las bajas o que ofertar empleo para cubrir las vacantes. Además, inevitablemente, los trabajadores acumulamos de un año para otros muchos días libres que no encuentramos la manera de disfrutar”, subraya Laguna.
Además de instar y conseguir requerimientos de la Inspección de Trabajo para que la Administración ponga fin a sus incumplimientos y de ganar sentencias judiciales que así se lo ordenan, CCOO lleva toda la legislatura reclamando un diálogo con el equipo directivo de Bienestar Social para abordar y poner fin a este problema endémico.
“El sindicato reitera esta exigencia, y no descarta ni seguir denunciando estos hechos ante la Inspección, ni seguir acudiendo a los tribunales, a ver hasta dónde es capaz la Administración de aguantar actas vergonzantes y sentencias condenatorias. Y, por supuesto, tampoco descartamos ninguna otra iniciativa sindical para forzar a Bienestar Social a adecuar a la legalidad su hasta ahora inaceptable proceder”, concluye González.