Este lunes ha dado comienzo en la Audiencia Provincial de Ciudad Real el juicio por el que la alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, su concejal de Medio Ambiente y el antecesor en este cargo, Jacinta Monroy, Jesús Ruiz y Antonio Gil, respectivamente, son juzgados por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Los tres han declarado ante el tribunal como acusados por permitir, también bajo presunción de inocencia, vertidos de aguas residuales sin depurar al río Tirteafuera, enfrentándose a diferentes peticiones de pena por parte del ministerio fiscal, la acusación particular y la acusación pública.
Ha sido la regidora, que ya lo era desde la legislatura 2011-2015, a la que corresponden las denuncias instruidas previamente en los Juzgados de Puertollano, la primera en responder a las preguntas. Antes de ello había manifestado ejercer su derecho a no hacerlo a la acusación particular y, posteriormente, por consejo de su abogada, no lo ha hecho tampoco con la acusación particular.
Un consejo que respondía a la situación de tensión que estaba experimentando durante el interrogatorio de fiscalía y que ha obligado a interrumpir su declaración unos diez minutos, hasta que ha recobrado la tranquilidad. El hecho de no manejar cuestiones eminentemente técnicas, por ser ajenas a ellas y sobre las que se le venía insistiendo, ha motivado la situación.
En todo caso, a lo largo de su comparecencia, Monroy Torrico ha explicado que la existencia del filtro verde, un pinar que viene realizando la función de filtrado y depuración natural de las aguas residuales en el municipio, previa a su desembocadura aguas abajo en el cauce del río Tirteafuera, ha venido supliendo desde principios de la década de 1980 la inexistencia de una depuradora.
Durante casi todos estos años su gestión había sido competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con mantenimiento merced a convenio con el ya extinto ICONA. Una solución que, en pleno siglo XXI, no le parecía adecuada como alcaldesa y por eso ha venido procurando una solución eficaz tocando a todas las puertas de organismos públicos donde podía recabar la financiación para una depuradora, cuya construcción quedaba lejos de las posibilidades económicas del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
La alcaldesa ha llegado a explicar que si la inversión era de más de seis millones de euros para una EDAR y el Presupuesto municipal suele rondar, los cuatro millones, resultaba inviable para el Ayuntamiento acometer esta obra, máxime además, en los años en los que el Gobierno central estableció un techo de gasto que impedía, por otro lado, recurrir a la deuda bancaria.
De ahí que haya apelado a los diferentes proyectos de depuradora que la Junta de Comunidades ha ido planteando durante tantos años, incluso en la década anterior a ser ella alcaldesa, en unos casos de carácter supramunicipal con Puertollano y Almodóvar del Campo, municipio éste con quien finalmente lograría el proyecto en la Administración central y que ahora ha ejecutado la regional, estando ya al parecer, han referido los declarantes, en fase de pruebas.
Aquí ha matizado que uno de los proyectos de depuradora, datado en 2008, fue rechazado incluso por la plataforma vecinal que se sentía afectada por el filtro verde y ha asegurado que desde antes del año 2000 ya existían viviendas en su entorno.
Monroy quien, ha insistido en que ha hecho todo lo que estaba en su mano para que la depuradora hubiera sido una realidad mucho antes, aludiendo a los más de 300 emails que al parecer dirigió a la Consejería competente en tiempos del Gobierno de María Dolores de Cospedal, ha aludido también a sabotajes en el sistema del filtro verde que, por otro lado, tenía una autorización de vertidos que nunca fue anulada por la CHG.
También ha dicho que el Ayuntamiento destinaba, a través de la empresa SIMA Ingeniería que hubo de contratar al cesar la Junta de Comunidades en el mantenimiento del pinar por mediación de TRAGSA, destinó cuantas inversiones los nuevos técnicos propusieron para mejorar la operatividad del filtro verde o las instalaciones de bombeo.
Por su parte, Jesús Ruiz que ha contestado a las preguntas de la fiscalía y de la acusación popular, ha reconocido haber decidido asumir la Concejalía por ser consciente de que podría contribuir a dar solución a la necesidad de depuración en el municipio, indicando que no es agradable estar ante un tribunal y que, de haber sabido de esta circunstancia, hubiera sido muy posible no haber asumido estas competencias.
A preguntas de su abogado ha manifestado que a su llegada a la Concejalía de Medio Ambiente el filtro verde ya estaba funcionando y que no tenía capacidad para aprobar una inversión como la que requería una depuradora y ha confirmado que la alcaldesa ha hecho todo lo que estaba en su mano y desvelos por hacer la depuradora.
Por eso tuvo a bien acompañarla alcaldesa a reuniones para buscar a unas soluciones que consideran de justicia, avalando que la CHG siempre dijo que se tenía que verter al filtro verde y solamente dejar este sistema cuando hubiera depuradora.
Finalmente, Antonio Gil, concejal de Medio Ambiente entre 2011 y 2015, apuntaba que sus obligaciones profesionales en la empresa donde trabajaba apenas tenía disponibilidad para asuntos tan específicos como el del filtro verde, dado que se ocupaba la Junta de su mantenimiento y que no había ninguna problemática que atender al respecto.
