Toledo · El juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha reconocido el derecho de tres niños huérfanos por violencia machista a que la Seguridad Social les incremente la prestación de orfandad del 20% al 52% de la base reguladora; y que lo haga con efectos retroactivos desde el 19 de junio de 2009, cuando la Audiencia Provincial de Toledo condenó el padre de los menores como autor del homicidio de la madre. La sentencia, contra la que cabe recurso en suplicación ante el TSJ-CLM, es muy crítica con la actuación de la Seguridad Social, que después de denegar en varias resoluciones las reclamaciones que venía planteando la abuela de los niños -que se hizo cargo de los nietos desde el asesinato de su hija y fue reconocida como tutora legal en 2014- sólo aceptó reconocer el derecho al incremento de la pensión de orfandad desde mayo de 2015.
La magistrada de lo Social de Toledo recuerda que desde que el padre fue condenado por el asesinato de la madre, “perdió su condición de hipotético beneficiario de la pensión de viudedad”, y la Seguridad Social, que ya no tenía que reconocer a nadie esa pensión, debió “incrementar de oficio el porcentaje de la prestación de orfandad” de los tres niños; tal y como establece la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; que entró en vigor en enero de 2008 y que a su vez motivó la modificación, por Ley 26/2015, de la Ley General de la Seguridad Social.
La magistrada explica que “la finalidad de la LO 1/2004 era solventar la especial desprotección en la que se encuentran los huérfanos de violencia de género. No solo pretende impedir el percibo de una prestación por parte del autor de una muerte dolosa, sino que también y especialmente persigue proteger a los menores huérfanos”
Por ello, desestima los argumentos esgrimidos por la Seguridad Social sobre plazos reglamentarios supuestamente incumplidos por la abuela de los niños, y subraya que era a la Seguridad Social a la que “correspondía incrementar de oficio la prestación de orfandad de los menores y abonar las diferencias económicas”, más aún cuando “conocía las circunstancias del fallecimiento” de la madre “y la prisión provisional del padre, y además era conocedora de que por tal hecho no se había concedido pensión de viudedad alguna.”
Censura además la pretensión de la Seguridad Social de “hacer depender los derechos económicos” de los huérfanos de que así lo solicitaran expresamente los beneficiarios; y recalca que “en modo alguno es exigible a la persona que se ha hecho cargo de ellos desde que estos tenían 4 meses y 3 y 4 años, que además de criarlos, educarlos y de atender sus necesidades básicas, está incursa en procedimientos penales por el fallecimiento de su hija y de privación de la patria potestad del padre de los menores para poder ser reconocida tutora legal, deba también estar al corriente de las reformas legislativas (de la Seguridad Social) para garantizar y salvaguardar los derechos económicos de los que son acreedores sus nietos”
El secretario general de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo, que ha dado a conocer hoy la sentencia ganada por los servicios jurídicos del sindicato, ha
instado a la Seguridad Social “a no recurrirla y dejar en paz de una vez a la familia, que encima de ser las víctimas de un asesinato machista tienen que luchar durante años contra una Administración que no quiere reconocerles su derecho”
“Es inasumible que la Seguridad Social no actúe de oficio en estos casos. Sí lo hizo para denegar la pensión de viudedad al asesino, pero no para proteger a los niños huérfanos. Y el objeto de la Ley no es sólo que los asesinos no se beneficien de la pensión, sino sobre todo proteger a lo hijos”
Arroyo “espera que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que hoy mismo ultiman los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados atienda las propuestas de CCOO y mejore sustancialmente la protección de las mujeres y de los huérfanos.”
Los tres niños toledanos cuya prestación de orfandad debe incrementar la Seguridad Social están percibiendo ahora 149,13 euros mensuales entre los tres; cifra que se incrementará como en otros 200 más en aplicación de la sentencia del juzgado de lo Social de Toledo. “Son cuantías muy escasas. De facto, los hijos de las madres asesinadas no están siendo protegidos sino aún más expuestos a situaciones de exclusión, de pobreza y de marginalidad”
“Este es un ejemplo más del fracaso de la sociedad en esta materia”, ha señalado Arroyo, que ha reivindicado que el Pacto de Estado diseñe “una actuación integral de los poderes públicos frente a la violencia machista, también desde los ámbitos laboral, educativo, sociosanitarios… y con las dotaciones presupuestarias precisas para combatir esta lacra con verdadera fuerza y eficacia, con la participación también de los agentes sociales”
